Luego de negar categóricamente cualquier vínculo con operaciones de lavado de dinero para financiar la campaña presidencial, representantes del PRI, encabezados por Pedro Joaquín Coldwell, se dirigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar los mismos documentos entregados al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “como respuesta a estas acusaciones sin sustento”.

Los encargados jurídicos del PRI, Jesús Murillo Karam, Benito Neme y Raúl Cervantes, expusieron que exigirán a la PGR que se castigue a quienes han lanzado falsas imputaciones sobre los gastos para la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, exigirán a la Fiscalía General de la Nación realice una pronta y exhaustiva investigación y lleve todo hasta sus últimas consecuencias, pues además, subrayó Raúl Cervantes, también que se castigue el hacer falsas declaraciones ante la autoridad.

Murillo Karam detalló que el PRI sí tiene un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A de C.V., la cual les proporcionó el servicio como intermediario para la expedición de tarjetas utilizadas en el manejo del presupuesto ordinario del PRI, esto es, para la estructura partidista compuesta por alrededor de 300 mil representantes. Indicó que copia del contrato con esa empresa forma parte de los documentos entregados por el PRI.

Los priístas calificaron de show las presentaciones de los integrantes del Movimiento Progresista al acusar al PRI porque nunca, insistieron, han presentado prueba alguna de nada.

Al finalizar, el senador Coldwell aseguró que incluso no se puede tener una visión tan convenenciera y acomodaticia de la democracia.