10 Irregularidades y peligros en el amparo de Aristegui

Un Juez otorgó amparo a la conductora de radio y televisión Carmen Aristegui para forzar a la empresa MVS a que la reinstalen en su noticiero.

Este amparo otorgado por el Juez Fernando Silva García podría dejar a las empresas de medios de comunicación en desequilibrio ante sus comentaristas, se verían obligadas a construir blindajes desde un principio, porque dicho fallo las coloca en una posición defensiva.

De entrada resulta absurdo por todas las vertientes, si avanzara en la Suprema Corte de Justicia, tendría un impacto tan grande que modificaría la industria de la información en medios electrónicos, y afectaría lo que se quiere fortalecer: la libertad de prensa”, dice Raymundo Riva Palacio en El Financiero.

10 Peligros e irregularidades

1. “El amparo concedido es extremadamente reduccionista a la vez que excesivamente personalista. El juez Silva tejió una malla de protección para Aristegui, a costa de colocar una pistola en la cabeza del resto de los comunicadores y periodistas”, define Riva Palacio.

2. Afecta la libertad de prensa, aún contrario a lo que piensan los que apoyan el amparo, el tema es entre el capricho de una periodista y el derecho de su empleador, en este caso MVS.

3. El argumento está mal de origen porque se obligaría a una empresa privada a dialogar y llegar al “acuerdo” de respetarle su espacio porque es de “relevancia social”.

4. El recurso utilizado por la defensa de Aristegui desconoce el ámbito laboral en donde ubicó el diferendo MVS, que puede ser solucionado al liquidar el contrato de prestación de servicios: un paquete de salario, comisiones de publicidad, y prestaciones como un vehículo blindado, conforme a la ley, y lo coloca en las disposiciones generales del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) en materia de concesiones.

5. El argumento del representante de Aristegui, el abogado Javier Quijano, convenció al juez Juan Silva para otorgarle un amparo a la conductora, se explica así: el empresario pone el espacio y paga al comunicador, a quien si tiene “relevancia social” y hace “periodismo crítico”, nadie podrá despedirlo hasta que deje de ser “relevante” y se vuelva acrítico.

6. Aristegui lo menos que tiene es que sea acrítica, ya que ella no trataba igual a todos sus entrevistados, y solo tiraba la cuerda de un solo lado. Criticaba según sus propios intereses y proteguía a sus “conocidos convenientes”.

7. El amparo deja muchas dudas en el aire: ¿Qué se debe entender por relevancia social en un noticiero de radio o televisión? ¿Cuáles serían las audiencias reconocidas por la ley? ¿Hay audiencias legítimas y audiencias ilegítimas?¿Cómo se miden? ¿Por rating e ingresos de publicidad? ¿Quienes no tengan rating y publicidad están fuera de esa categoría? ¿Cuánto rating y publicidad es necesario para entrar en la categoría?

7. Si el camino iniciado concluye como empezó y las empresas privadas quedan sujetas al régimen del amparo. El alegato de “periodismo crítico” y la “relevancia social” es perjudicial para la empresa, al convertir en intocables a todos aquellos que ingresen en esas categorías, lo que abriría la competencia en los medios electrónicos para ver quién es más crítico y cada vez más relevante, como garantía de empleo.

8. Riva Palacio plantea: “La otra vertiente es cómo podrían reaccionar las empresas de radio y televisión para protegerse de la intromisión judicial en la propiedad privada. Se puede pensar que ya no habría contrataciones, sino convenios de prestación de servicios, por lo que las prestaciones sociales para periodistas y comentaristas serían cosa del pasado.

Quizás también tendrían que firmar acuerdos donde se comprometieran a no demandar ni recurrir a recursos como el amparo. Décadas de lucha por mejorar las condiciones salariales de quienes menos ganan y ampliar el entorno laboral, serían difuminadas”.

10. El peligro queda latente porque al no haber definición de los términos mencionados, los espacios de libertad que hay hoy en día, probablemente desaparecerían y, por contrato, se establecerían fronteras a la libertad de expresión del comentarista.

Y probablemente los márgenes de negociación interna que existen hoy en día en los medios electrónicos, se esfumarían.

Fuente: El Financiero