La Secretaría de la Función Pública anunció que este mes 206 mil funcionarios deberán presentar la modificación a su declaración patrimonial, la cual incluirá por primera vez una sección de posible conflicto de interés.
Los funcionarios deberán reportar información sobre dos aspectos:
Primero. Puestos, cargos o actividades que desempeñen ellos, su cónyuge o dependientes económicos y que pudiera constituir un posible conflicto de interés en relación con las actividades que ejercen en el sector público.
Segundo. Deberán enlistar los convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico que en su opinión podrían ser “percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés.
El presentar su declaración no obliga a hacerla pública, por ahora no es el fin último, el secretario Andrade señaló que lo que se busca es que los funcionarios reflexionen con respecto a “la manera como combinan su actividad pública y la actividad privada”.
Segunda acción
La publicación de un listado actualizado de empresas sancionadas y de un listado de funcionarios que otorgan permisos o participan en adquisiciones públicas.
Esta acción, también positiva, implica la puesta en práctica del “Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en Contrataciones Públicas”.
Si las condiciones se cumple el Sistema Nacional Anticorrupción habrá iniciado con el pie derecho.
“Sería muy útil que las propias instituciones del sistema –no los periodistas de investigación ni los fotógrafos aficionados– fueran las que desenmascararan el próximo escándalo de corrupción. No se trata de iniciar una cacería de brujas, pero sí de demostrar que existe la voluntad política suficiente para perseguir y sancionar los grandes abusos”, opina Eduardo Guerrero en El Financiero.
Fuente: El Financiero
