La comisión pública que recibió e investigó nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la dictadura de Pinochet entregó un informe de 60 páginas al presidente Sebastián Piñera, que incorporó otras 9.800 víctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya habían sido calificadas con anterioridad.
Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha tenido cuatro comisiones diferentes para reconocer a las víctimas y otorgarles una reparación.
En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por estas comisiones -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Para reconocer a una persona como víctima, la comisión requería que la persona presentara la denuncia de violación a sus derechos humanos, lo probara, y que en el atropello hubiesen participado agentes estatales. Si la persona había fallecido o estaba imposibilitada de acudir a la comisión, sus familiares debían documentarlo. Se podían presentar denuncias por los casos de detenidos y/o torturados por motivos políticos por agentes estatales o a su servicio, víctimas de desaparición forzosa o ejecutados por razones políticas, o quienes fueron secuestrados o víctimas de intentos de asesinatos por causas políticas.
Más del 90% de los casos fueron resueltos por consenso y en unos pocos hubo votación. Entre los rechazos se encuentran, por ejemplo, casos en los que una persona fue víctima de graves abusos por parte de un vecino que era miembro de las fuerzas armadas.
Para la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, la proporción de casos rechazados es “aberrante”, según la agencia Efe. “Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, ilógico“, añadió.
Fuente: El País
