Ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en su administración, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció ocho acciones ejecutivas contra la corrupción y conflictos de interés.
Estas acciones estarán coordinadas y vigiladas por la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular será Virgilio Andrade Martínez.
Peña Nieto dijo que su gobierno está comprometido con el respeto y aplicación de la ley. Solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar las operaciones de compraventa de inmuebles entabladas con la empresa Higa por su esposa, el Secretario de Hacienda y él mismo, para determinar si hubo conflictos de interés.
Entre las acciones anunciadas, el mandatario dijo que los servidores públicos, al asumir funciones, deben presentar una declaración de posibles conflictos de interés, misma que se actualizará cada año.
Como primera instrucción, el mandatario le encargó a Andrade Martínez investigar y resolver sí hubo conflicto de interés en su gobierno y, para ello. le ordenó convocar a un panel de expertos para que evalúen esa investigación.
Peña Nieto reconoció que los señalamientos surgidos por la llamada “Casa Blanca”, comprada por Angélica Rivera a Higa, así como la casa en Malinalco del Secretario Luis Videgaray han generado la apariencia de algo indebido que en realidad no ocurrió.
“Esta percepción se explica porque en México no tenemos instrumentos normativos para, con claridad, declarar conflictos de interés”, expresó.
Ante ello, dijo Peña Nieto, México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice que la toma de decisiones no sea vulnerada por intereses privados.
PRIMERA: “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.
“La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.
SEGUNDA: “Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas, y en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La Unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal”.
TERCERA: “Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”.
CUARTA: “Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La SFP definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados”.
QUINTA: “En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos. La SFP deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño”.
SEXTA: “Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno. El día de hoy se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx. La Ventanilla Única deberá incluir, gradualmente, los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares”.
SÉPTIMA: “La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción”.
OCTAVA: “Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción. Trabajaremos con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley”.
