Joaquín Carrillo, Fiscal General de Oaxaca, confirmó esta noche que ocho personas resultaron fallecidas tras el enfrentamiento que hubo ayer en Nochixtlán entre elementos de seguridad estatal y federal y un grupo de manifestantes, en su mayoría, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.
En conferencia de prensa conjunta con autoridades federales, el funcionario estatal detalló que ninguno de los fallecidos era miembro del magisterio.
Siete de los ocho fallecidos, murieron por impacto de arma de fuego, mientras que el octavo, murió a causa de la manipulación de un artefacto explosivo. Añadió que sólo se recuperaron cuatro restos balísticos, que serán remitidos para su investigación y determinar de qué explosivo se trata.
Asimismo, Carrillo especificó que hay 23 personas puestas a disposición de la Fiscalía estatal, de los cuales 4 son maestros, presentados por diversos delitos.
Por su parte, Enrique Galindo, el comisionado general de la Policía Federal, informó que hubo un centenar de federales lesionados, 12 agentes permanecen hospitalizados, ninguno de ellos herido de gravedad, mientras que 3 elementos de su corporación se encuentran retenidos en la comunidad de Nochixtlán.
En su informe, Galindo indicó que 800 policías de las corporaciones federal y estatal participaron en el operativo, e insistió en que se certificó que acudieron sin armas de fuego.
“Las corporaciones fueron agredidas con cohetones y petardos. Algunos elementos fueron lesionados por disparos de armas de fuego”, añadió.
El mandatario estatal, Gabino Cué, indicó, en conferencia conjunta con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la participación de grupos ajenos al movimiento magisterial intervinieron en los bloqueos y han radicalizado las protestas.
Osorio Chong reiteró que los agentes de la Policía Federal no portaban armas de fuego y añadió que la operación de los agentes federales se dio en apoyo a la Policía Estatal.
En las investigaciones al respecto del caso, participarán las comisiones de derechos humanos nacional y de la entidad, así como la PGR.
Con información de El Financiero
