La fiscalía federal negó que el mexicano Vicente Zambada Niebla tuviera inmunidad y carta blanca del Gobierno para distribuir más de 100 toneladas de cocaína y heroína del Cartel de Sinaloa en Estados Unidos.
Sin embargo, en su respuesta a varias mociones de la defensa, el fiscal Patrick J. Fitzgerald del Distrito Norte de Illinois, dijo que “Vicentillo” ofreció su colaboración a los federales en varias oportunidades, inclusive desde la prisión, pero fue rechazada.
El Vicentillo, quien será juzgado a partir del 13 de febrero en Chicago, arriesga una condena de prisión perpetua por la acusación de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Según las respuestas de Fitzgerald divulgadas hoy, las afirmaciones de la defensa “no están respaldadas por documentos o declaraciones juradas de testigos” que prueben la supuesta inmunidad.
La fiscalía afirma que la teoría de la defensa se basa en que otro criminal, el abogado Humberto Loya Castro, identificado como asesor y confidente de la cúpula del cartel, colaboró con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) en San Diego por un caso de 1995 y logró a cambio de esa cooperación que en 2008 se anularan los cargos.
“Es erróneo basar la teoría de inmunidad en el hecho de que un acuerdo entre el Gobierno y Loya Castro pueda extenderse a todo el Cartel de Sinaloa, incluyendo a sus líderes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘Mayo” Zambada”, dice el escrito.
“En el argumento de la defensa, si uno de los miembros de la organización es procesado y coopera, todos los demás miembros de esa organización, sea un cartel de traficantes de drogas, una organización mafiosa o pandilla callejera, tendrían la misma inmunidad. La ley no funciona de esa manera”, agrega.
La defensa de Zambada Niebla presentó un documento a la corte federal el 29 de julio, en el que se afirmó que las actividades de narcotráfico de su cliente en Estados Unidos estaban protegidas por un acuerdo de inmunidad con la DEA.
Fitzgerald respondió que aunque el acusado hubiera recibido promesas de inmunidad de agentes federales en una reunión realizada el 17 de marzo de 2009 en la ciudad de México -como afirma la defensa- esos agentes no tenían autoridad legal para hacerlo.
Fuente: EFE
