Los cambios al borrador del contrato modelo para la primera convocatoria de la Ronda Uno fueron para reducir los riesgos y elevar la rentabilidad entre las empresas y el Estado, afirmó Salvador Ugalde.
En entrevista con diario Milenio el director de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) afirmó:
“Se busca dar certidumbre a los capitales que participarán en los 14 proyectos de producción compartida de extracción y exploración en aguas someras que se licitarán”, y agregó, “los cambios que se hicieron serán en beneficio tanto del Estado como de las empresas”, explicó Ugalde.
Para llegar a dichos cambios la SHCP hizo un reconocimiento de todos los riesgos con base en información y comentarios de expertos en función de los diferentes escenarios, tanto para tiempos de bonanza como de escasez petrolera.
Destaca que NO se cambiaron las reglas de precalificación, sino el borrador del modelo de contrato de la primera convocatoria.
Los ajustes ya se contemplan para la segunda licitación de nueve campos de producción compartida para la extracción de crudo en aguas someras para cinco contratos en Tabasco y Campeche.
Los más importantes cambios, informó Hacienda el pasado 6 de marzo, se dieron en el mecanismo de ajuste para los costos e ingresos de los contratos, el precio contractual y el compromiso mínimo de trabajo.
“Lo que se necesita en ese tipo de contratos es dar estabilidad en el largo plazo, por un lado, y por el otro, garantizar que el Estado esté capturando la renta petrolera”.
Explicó que conforme se observen resultados extraordinarios, si el campo petrolero fue muy rentable se empezará a capturar más renta petrolera, y en ese sentido lo que permitirá ese mecanismo de ajuste es que desde antes se establecen las reglas de cómo va a aumentar la participación del Estado en la renta petrolera.
Para las empresas, señaló Ugalde, eso es valioso porque les da certidumbre de largo plazo, ya que sin ese mecanismo, ejemplificó, si de pronto se disparan los precios a 200 o 300 dólares, el Estado podría querer una porción “más grande de ese pastel” y el riesgo que corre en este caso el contratista es que el Estado pueda estar tentado a imponer impuestos especiales o gravámenes adicionales para capturar esa renta adicional.
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