La Secretaría del Trabajo y Previsión Social rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.
El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, informó que los indígenas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, con domicilio en Guanajuato y trasladados con engaños para trabajar en Comondú en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial.
Los indígenas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.
Mientras los “enganchadores” cobraban a ocho pesos el costal de papa recolectado, a los trabajadores sólo se les pagarían cuatro pesos por cada costal.
Con la gravedad del caso se dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y al SAT para que investiguen y determinen si además de las violaciones de derechos laborales detectadas se cometieron otros delitos o si se evadieron impuestos.
Navarrete Prida agregó que en el operativo de inspección, llevado a cabo dentro del operativo “México con Trabajo Digno” ordenado por el Presidente de la República, los inspectores comisionados conformaron lo denunciado y constataron que unos 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.
En este predio, que sólo era utilizado como vivienda, había además mujeres, bebés y adolescentes de 14 años.
Se ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.PR de R.L de C.V)”.
Durante el desahogo de la misma se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral como son: condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal.
Además se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de ley.
Por estas irregularidades la Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo” y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se iniciara una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.
Navarrete Prida señaló que los delitos en que pudo incurrir la empresa contratante, que es una organización criminal de “enganchadores”, son trata de personas, explotación infantil, privación ilegal de la libertad y otros del fuero común y federal.
Fuente: Milenio
