Con 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Amparo, aunque legisladores de diversas fracciones parlamentarias hicieron más de 30 reservas para su discusión en lo particular.
Entre otros aspectos, la nueva Ley de Amparo prevé la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridad e incluso de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales suscritos por México.
El nuevo ordenamiento amplía la protección del amparo, al establecer que cualquier ciudadano podrá interponer un recurso tan solo con acreditar un “interés legítimo” y no exclusivamente un “interés jurídico”, como lo establece la ley vigente.
Los juicios de amparo procederán en materias como los derechos sociales, ambientales y agrarios, mas no así en el caso de las controversias de carácter electoral.
La nueva Ley de Amparo fue aprobada por el Senado de la República desde octubre de 2011, pero la Cámara de Diputados la mantuvo “congelada” desde entonces.
