La fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó ayer en tribuna una iniciativa para implementar una nueva pena a los condenados por violación. El coordinador de bancada, Israel Betanzos, sugirió sacar de la “congeladora” la iniciativa de la castración química a violadores que propuso el mismo partido la legislatura pasada.
El legislador precisó que se cometen 14 delitos sexuales al día en la capital del país; entre seis y ocho abusos mensuales se llevan a cabo a bordo de taxis. El tratamiento que recomendó en la iniciativa es Depo Provera, que inhibe la producción de testosterona durante seis meses, y actúa directamente en la glándula hipófisis del cerebro, que controla la secreción de hormonas.
De ser aprobado, el tratamiento se aplicaría a los hombres que cometan violación, pederastia o abuso sexual. Aquellos que ya hayan sido condenados por estas penas, se someterán al tratamiento de inhibición sexual durante el tiempo que dure su pena, y en caso de reincidencia será obligatorio.
Pregunta para nuestros lectores: ¿Es este un castigo justo, como dice el diputado, o es una violación a los derechos humanos fundamentales?
