La Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables de la Asamblea Legislativa capitalina aprobó que por ley, los adultos mayores que habitan en Ciudad de México podrán demandar a sus descendientes el derecho a la alimentación.
De acuerdo con el dictamen aprobado, sin importar la condición en la que se encuentre un adulto mayor, es obligación de los descendientes otorgar alimentos, que de ninguna manera podrán excusarse de hacerlo, simplemente porque el adulto mayor es considerado “independiente”.
El asambleísta promovente, Carlos Alfonso Candelaria López, explicó que el propósito es que dicho derecho no se ubique solamente en el capítulo de obligaciones de la familia, sino que también se pueda visualizar en el Capítulo II de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Con ello, señaló el legislador del Partido Encuentro Social (PES), se espera que el ordenamiento sea claro y pueda brindar mejor protección a los adultos mayores en la Ciudad de México, donde viven 541 mil 865 hombres y 734 mil 587 mujeres de 60 años o más.
Ante ello, el diputado local subrayó la importancia de sensibilizar a la población en general y proteger a los adultos mayores de cualquier situación o circunstancia que atente contra su calidad de vida.
Desafortunadamente, indicó, muchos adultos mayores reciben maltrato, definiéndose éste como “una acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y produzca daño o angustia a una persona mayor.”
Refirió que existen diferentes tipos de maltrato, aunque los de mayor recurrencia en el adulto mayor son los de tipo físico, psicológico, abuso sexual, abandono y explotación financiera, tanto de manera activa como pasiva.
Desafortunadamente, la mayoría de estos abusos son propiciados por familiares o personas muy cercanas a ellos, como cuidadores o personal médico que los atienden, apuntó.
Mencionó que entre otros factores que ocasionan el abandono está que la persona adulta mayor ya no posea una vida laboral útil y comience a generar gastos en la familia, situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.
También es frecuente que la familia se apodera de los bienes materiales del adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, abundó el legislador.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables, Elizabeth Mateos Hernández, indicó que para dar cauce legal a la propuesta, el dictamen plantea adicionar el artículo quinto, inciso B, fracción VI de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la capital del país.
Al respecto, la diputada local del PES, Abril Yannette Trujillo Vázquez, consideró de relevancia la aprobación del referido dictamen, toda vez que en su opinión este sector de la población está olvidado.
