La Geolocalización de ninguna forma contraviene los derechos humanos de los individuos y con la reciente detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, demuestra que es una herramienta fundamental para el combate de la delincuencia organizada, en tiempo real y ubicación exacta de los equipos de telefonía móvil utilizados para delinquir.
En el mes de marzo de 2012 el Congreso de la Unión aprobó la llamada “Ley de Geolocalización”, un conjunto de reformas que impulsaron organizaciones de la sociedad civil, que otorgó a las procuradurías federal y estatales la facultad para solicitar a las empresas telefónicas la ubicación de celulares y otros dispositivos, sin necesidad de contar con una orden judicial.
En mayo de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de inconstitucionalidad en contra de estas reformas; entre otras razones, por considerar que son contrarias al derecho a la privacidad.
Afirma el Dr. Castañón que estas herramientas tecnológicas son verdaderamente útiles a la sociedad porque ofrecen por lo menos dos funciones operativas: la inmediatez, es decir la información se genera en tiempo real, cuando los eventos delictivos están siendo realizados; y su gran efectividad por la alta precisión en la ubicación, en un radio un máximo entre 20 y 30 metros. En resumen estas herramientas ofrecen información inmediata y muy precisa.
Al hablar sobre el precio de una herramienta de alta sofisticación como ésta, Castañón aseguró que “no es barata, pero sus costos no están fuera del alcance de gobiernos como el mexicano, que tiene serios problemas de seguridad pública”.
Finalmente agregó que “se requiere del apoyo de los operadores celulares, pero la intervención que se hace en sus redes es mínima; es decir, los datos personales los conservan en confidencialidad las operadoras hasta que son requeridos legalmente y en forma expresa por el Ministerio Público ante el juez, en una investigación específica”.
Fuente: Vanguardia
