En la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre la Reforma Energética, recién aprobada en el Congreso de la Unión, los ciudadanos aceptan la participación de la iniciativa privada en la actividad petrolera en un entorno en el que existe conciencia de las limitaciones monetarias y tecnológicas que enfrenta Pemex para poder explotar los yacimientos de hidrocarburos.
Un 71 por ciento respalda ampliamente que se permita, a través de contratos, la participación de particulares en la actividad petrolera conservando el petróleo extraído como propiedad de la nación.
Sólo 27 por ciento se manifiesta en desacuerdo. De este modo, algo más de la mitad aprueba la Reforma Energética (acuerdo/ acuerdo en parte, 52 por ciento), contra 39 por ciento que se opone.
Pemex paulatinamente ha visto deteriorar su imagen al grado de que ha dejado de ser una empresa bien vista por la gente como hace casi 20 años.
Mientras durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 la mitad contaba con una opinión buena o excelente de esta paraestatal y sólo 15 por ciento la consideraba un ente malo o pésimo, ahora los juicios negativos se han duplicado (31 por ciento) y apenas 27 por ciento tiene a la petrolera en buen concepto (23 puntos menos).
Existe conciencia de las limitaciones tecnológicas y de recursos que enfrenta Petróleos Mexicanos. Se cree que la caída de la producción de esta paraestatal ha disminuido constantemente en los últimos diez años porque no tiene la tecnología necesaria para la explotación del hidrocarburo.
Igualmente, frente a la dificultad de Pemex para extraer el petróleo de aguas profundas del Golfo de México por falta de dinero y tecnología, la opinión pública nacional se inclina por reformar las leyes para que la petrolera mexicana pueda atraer inversión privada para extraer el crudo (63 por ciento).
Únicamente 12 por ciento apoya la idea de esperar el tiempo para que Pemex cuente con la tecnología necesaria.
Respecto del tema de la injerencia del sindicato petrolero en el manejo de la paraestatal, la población favorece decididamente terminar con la participación que han tenido los dirigentes de esta organización gremial en las decisiones administrativas de la empresa paraestatal (64 por ciento).
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