El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, en lo general y en lo particular diversas modificaciones constitucionales a fin de crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
El cooordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reconoció al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, por su capacidad de construir acuerdos.
Por su parte el coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, reconoció a Aureoles como un interlocutor con quien siempre se pudo dialogar.
Lo anterior, debido a que Aureoles dejará sus labores en San Lázaro para contender como candidato la gubernatura de Michoacán en los próximos comicios.
Cambios con Sistema Anticorrupción
Castigo a particulares y empresas que incurran en actos de corrupción, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), pueda ordenar “la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva (empresa) cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública (erario) o a los entes públicos, federales, locales o municipales.
Los preceptos constitucionales que se modifican son el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122, que definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción.
También de los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y de los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.
Se otorgan mayores facultades a la ASF ya que se elimina el principio de anualidad, es decir podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que manejen recursos federales.
Se permite que este organismo fiscalice a los órganos autónomos y al mismo tiempo habrá informes de carácter individual.
Con la reforma el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Se podrán imponer sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, mismas que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y la obligación de reparar los daños al erario.
El decreto aprobado indica que la modificación al Artículo 114 es para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.
Los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les puede seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido.
