El presidente Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas a buscar “la manera” de que sus elementos acusados de violaciones a derechos humanos en la guerra contra la delincuencia sean juzgados por autoridades civiles.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, en la residencia oficial de Los Pinos, ayer, anunció 7 medidas para reforzar el respeto a los derechos humanos. En el séptimo punto, referente a la modernización del marco jurídico, en acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo:
“Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles”.
Recordó que en octubre de 2010 presentó ante el Congreso una iniciativa “que busca, entre otras modificaciones, reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, de violación o de tortura, sean juzgados por tribunales civiles, y no militares”.
En ese sentido, también instruyó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y al consejero Jurídico del Ejecutivo, Miguel Carlos Alessio Robles “para que, con pleno respeto a la división de Poderes, pongan a disposición de las señoras y los señores Senadores elementos para que puedan enriquecer el proceso de dictaminación de la iniciativa”.
En su discurso, ante el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, el titular del Ejecutivo sostuvo que en la lucha contra la delincuencia, las fuerzas federales “han actuado bajo órdenes explícitas, también, de conducirse con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales de todas las personas y a los derechos humanos”.
Pero dijo, “desafortunadamente, es cierto, se han dado casos de actos violatorios a los derechos humanos”, los cuales calificó de “inadmisibles, por supuesto, que son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, pero no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos son resultado de una política institucional”.
Refirió que en todos los casos en los que se ha tenido conocimiento de tales violaciones, “el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los autores de los mismos ante los tribunales competentes.
Fuente: La Crónica
