“Las (anomalías) constitutivas de delito, sin precisar para hacer la investigación correspondiente, suponemos nosotros que son tráfico de influencias, abuso de autoridad, daño patrimonial y ambiental, enriquecimiento; elementos de delito sí hay”, argumentó.
Según expuso, entre las irregularidades que se encontraron fue el aumento en el precio de construcción, que pasó de 15,000 millones de pesos a 25,000 millones, la afectación a diversos ejidatarios de Tlahuác y que la edificación al inicio se planteó para ser subterránea, entre otras.
Morales Ávila llegó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) alrededor de las 11:30 horas de este lunes, acompañado por representantes de las colonias afectadas y de los pueblos originarios de Tláhuac, así como de otras organizaciones.
Fuente: El Economista
