La mayoría de las columnas de mañana martes serán sobre el primer informe del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al cual dedicaré mi próxima intervención.
Ayer por la mañana, la CNTE anunció que a partir del miércoles comenzaría una campaña de insurgencia nacional, esta declaración se dio antes de que la Cámara de Diputados discutiera y votara la Ley de Servicio Profesional Docente en el que como resultado del diálogo se incluían algunas de sus “observaciones” con un adéndum que contemplaba por ejemplo la obligación del Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación de definir los procesos de evaluación a que se refiere esta ley así́ como los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores, autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia así́ como las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios, entre otros.
Hoy, gracias a la mayoría responsable de los diputados, a quienes aplaudo, la Ley de Servicio Profesional Docente es una realidad, ¿las declaraciones de la CNTE lo serán? o ¿era parte del chantaje para que no se discutiera y obviamente ni se votara la ley?
Insurgente, de insurgencia, según ciertas definiciones, es un adjetivo que señala a quien está sublevado o levantado a favor de una causa y suele utilizarse como sinónimo de rebelde para hacer referencia a quien manifiesta un rechazo a la autoridad, y generalmente conlleva ciertas acciones específicas.
La insurgencia tiene distintos matices, pero en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, constituye un delito, ya que al oponerse flagrantemente a la autoridad con sus acciones se opone y quebranta la ley.
Pero independiente a la discusión sobre la consecuencia legal, lo que quiero recalcar es lo irresponsable de la declaración, imagínense que los últimos insurgentes que recordamos son nuestros héroes de la guerra de independencia, vaya contradicción.
Más allá del término, se tiene que aprender de las experiencias, tenemos que ver con claridad que la administración de Peña Nieto se ve acosada en las calles por los opositores a las reformas, a todas y cada una de ellas que amenacen los bolsillos de grupos de interés y también de círculos de poder, sólo que estos últimos trabajan cabildeando a los legisladores, ya lo veremos claramente con las leyes secundarias de Telecomunicaciones; tenemos que saber cuándo se han agotado los diálogos, tenemos que diferenciar entre cautela, prudencia y debilidad o entre orden y represión, si en determinado momento es necesaria, por ser el último recurso, la intervención de la fuerza pública, no es necesario el derramamiento de sangre, el mejor ejemplo lo dieron ayer el Gobierno del D.F. y el Federal.
El plantón de la CNTE no puede ser indefinido, su objetivo inicial lo han perdido, están lejos de casa y de las aulas que les corresponden, no pueden, ni deben privar a un millón quinientos mil niños de un derecho elemental.
Si los gobernadores mantienen su palabra y hacen efectivo el no pagarles su salario sin haber trabajado, tienen su tiempo contado, pues en una campaña de “boteo” recibirán en lugar de monedas, muchas otras cosas por parte de los capitalinos.
Lic. Rafael Zaga @razagave
