Desde hace 29 días, al menos 340 chiapanecos que habitan el ejido Gustavo Díaz Ordaz, en la zona de las Chimalapas, permanecen secuestrados.
Los victimarios no son otros que comuneros de poblados vecinos, que mantienen bloqueados los accesos de entrada y salida de ese lugar, debido a conflictos forestales y agrarios, y en rechazo a la creación de 4 nuevos municipios en Chiapas.
En entrevistas por separado, tanto el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, como el presidente municipal de Cintalapa, José Guillermo Toledo Moguel, confirmaron que ancianos, niños, mujeres y hombres del referido ejido están “totalmente incomunicados y amenazados” por pobladores de las comunidades de Benito Juárez y San Antonio Chimalapa, que juntas tienen una población de 700 habitantes y cuyo límite territorial es Oaxaca.
El pasado 8 de noviembre, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora (qepd), y los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, y Oaxaca, Gabino Cué, acordaron establecer un esquema de seguridad en la zona de conflicto con la participación de policías de ambas entidades, bajo el mando del Ejército mexicano, con el fin de “evitar un derramamiento de sangre” y para levantar el bloqueo que mantienen los comuneros de Benito Juárez y de San Antonio Chimalapa.
Pero tras el trágico accidente en que perdió la vida el encargado de la política interior del país, se suspendió el operativo y los soldados sólo asisten a los habitantes con consultas médicas y en actividades recreativas a los infantes de Gustavo Díaz Ordaz, en tanto que el gobierno chiapaneco envía víveres a los pobladores de ese lugar a través de helicópteros.
El viernes pasado, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un recorrido para levantar testimonios y constatar que hay habitantes secuestrados, previa autorización de los habitantes que bloquean el acceso a Gustavo Díaz Ordaz.
Para llegar hasta este punto ubicado en la zona noroeste del ayuntamiento de Cintalapa, es necesario realizar un recorrido de 4 horas por un camino estrecho y sinuoso y que está ubicado a mil 300 metros sobre el nivel del mar.
Angélica María Díaz Díaz, habitante de Gustavo Díaz Ordaz, logró romper el cerco para ser hospitalizada porque estaba a punto de dar a luz: “Ya me voy a aliviar, estoy preocupada, está tapado el camino, me urgía salir antes. Voy a Cintalapa a que me internen en el hospital integral. Vivimos en zona de conflicto. No hay médicos. Todo es una desgracia”, detalló.
Ante el representante de la CNDH, la denuncia es una sola: la comunidad está secuestrada.
Uno de los principales líderes ejidales de esa comunidad, Efrén Velásquez es el primero en hablar, le sigue su vecino, Eristein López Reyes y a ambos se suma la voz de mujeres como Francisca Ramírez García y Martina Pérez Gómez.
Todos lamentan la muerte de Francisco Blake Mora. “Se nos murió en mal momento y esperamos que el nuevo secretario de Gobernación pronto tome cartas en este asunto que lleva más de cuarenta años”.
Mientras el nuevo titular de la Segob, Alejandro Poiré, toma cartas en el asunto, los 340 pobladores del ejido de Gustavo Díaz Ordaz, siguen sin tener derecho de trasladarse libremente por su territorio.
Fuente: Milenio
