Cuando Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial de México el año pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado el país durante 70 años, fue restaurado en el poder después de un intervalo de 12 años. Muchas personas, incluyendo a este periódico, a las que les gustaba la retórica reformista del telegénico de 46 años de edad, estaban preocupadas de que una vez que el PRI estuviera de vuelta en el poder volvería a las andadas autoritarias.
Así que el señor Peña merece elogios por sus primeros cuatro meses en el cargo. Después de haber firmado un pacto con los dos principales partidos de oposición para superar el estancamiento que ha impedido las reformas, sobre todo a los monopolios que tiene México, el nuevo presidente se ha dirigido a los monopolistas.
La reforma educativa está dirigida a tomar el control de las escuelas de la unión de maestros, cuyo vieja líderesa, Elba Esther Gordillo, fue rápidamente arrestada por cargos de malversación de fondos. Luego vino una medida potencialmente de gran alcance para forzar una mayor competencia en las empresas de telecomunicaciones que han hecho a Carlos Slim el hombre más rico del mundo, y en Televisa, una red de televisión poderosa que sus críticos afirman que favoreció a Peña Nieto durante la campaña. Esta semana, el Presidente firmó una nueva ley que restringe las acciones de cesación, maltratados por las medidas de ricos y poderosos para bloquear reguladores o legislativos.
Peña Nieto no es el único que merece el crédito. Lo mismo ocurre con la oposición. Se ha reconocido que los mexicanos quieren un cambio.
Un nuevo optimismo rodea a las perspectivas de México. El peso ha aumentado en 16 por ciento frente al dólar desde el pasado mes de junio. Pero si Peña mantener su promesa de aumentar la tasa de su país, con un crecimiento económico del 5 a 6 por ciento al año, el Presidente tendrá que tomar todavía algunas decisiones difíciles.
En primer lugar, aprobar una ley más competitiva para las telecomunicaciones es sólo un primer paso: esto se debe implementar con eficacia. En segundo lugar, una gran cantidad se basa en una propuesta de reforma energética. México podría ser una superpotencia energética, pero la producción de petróleo ha caído desde 2004, y el país importa petróleo y gas natural de los Estados Unidos.
Tristemente, el presidente se retractó de la idea de privatización parcial de Pemex, pero debería al menos permitir que tanto para ofrecer contratos de riesgo compartido a los inversores privados para exploración en aguas profundas, shale gas y refinación, y de invertir más de sus beneficios, en vez de entregarlos al Estado en impuestos. Así que la reforma energética debe ir con los cambios fiscales, y también financiar una reforma de seguridad social, diseñada para reducir los incentivos que llevan a los mexicanos a trabajar en la economía informal, ya que uno de cada dos lo hace ahora.
Otra prueba importante para el señor Peña es la seguridad. Su antecesor, Felipe Calderón, declaró una “guerra” contra el narcotráfico que tuvo 70 mil personas muertas en seis años, 30 mil “desaparecidas” y la extorsión y el secuestro convertido en algo común. Peña Nieto necesita gastar menos recursos en el envío de soldados para combatir barones de la droga y más en el fortalecimiento de la policía y el sistema judicial. Parece entender eso.
Se ha propuesto una nuevo gendarmería paramilitar, pero no ha sido claro respecto a su papel o el financiamiento y aún no ha establecido un plan para sacar al Ejército de las calles, a pesar de sus abusos de montaje.
Gobierno firme, pero no un monopolio político
Al PRI le gusta decir que su larga experiencia de gobierno significa que sabe cómo gobernar al país. Peña es, efectivamente, más hábil en el ejercicio del poder presidencial que sus dos predecesores inmediatos. Su toque seguro podría servir bien a sus compatriotas, pero si lo utiliza para resucitar a su partido monopólico político anterior, perderá su reputación como un brillante nuevo trustbuster.
Fuente: The Economist
