La Comisión Nacional Anticorrupción que planea crear el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, tiene como fin alcanzar grandes casos de corrupción que ahora escapan a la acción de la justicia, como el de los supuestos sobornos de Wal-Mart de México (Walmex), dijo uno de sus asesores.
En el proyecto, que su Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaría al Congreso en algunos días, se plantea eliminar la Secretaría de la Función Pública (SFP), que atiende sólo casos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios federales, y crear un organismo más amplio e independiente.
“Esta comisión tiene que estar dotada de las facultades necesarias para enfrentar este cáncer. La intención es combatir a la corrupción de raíz y tienes que tener un sistema de contrapesos”, dijo en entrevista Emilio Lozoya, un asesor encargado de elaborar el proyecto de ley.
“Hoy en día la Secretaría de la Función Pública es juez y parte y evidentemente esto, a pesar de las buenas intenciones, no ha generado los resultados que la ciudadanía demanda”, dijo.
Pero además, este organismo no tiene alcance para casos de corrupción en el que estén involucrados funcionarios de los estados o municipios, como ocurre supuestamente con Walmex , minorista investigada por supuestos pagos de sobornos para obtener permisos de construcción de tiendas.
Estos permisos se gestionan ante autoridades municipales.
Con la Comisión “se pretende perseguir dos tipos de delito principalmente. Uno, los grandes casos de corrupción como CFE (compañía de electricidad)”, dijo Lozoya.
Interrogado sobre si abarcaría también corrupción en el caso de Walmex, el asesor respondió: “también, eso es muy importante” y para asuntos como éste es que el proyecto incluye alcanzar los tres órdenes de Gobierno (Federal, estatal y municipal). “Por eso la importancia de esta comisión que tendría capacidad de todos los niveles”, agregó.
Lozoya dijo que la Comisión Anticorrupción recibiría denuncias de casos cotidianos como las usuales en trámites que realizan los ciudadanos, pero no se ocuparía de resolverlas sino de obligar a las autoridades competentes a investigar y castigar.
México ocupó el lugar 100 en 2011 entre los países con mayor corrupción, de 183 evaluados por el organismo Transparencia Internacional.
