Cuatro normalistas que estuvieron presentes durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, han recibido amenazas y represalias, por lo que se acogieron a la figura de testigos protegidos en calidad de víctimas.
De acuerdo con la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, pueden incorporarse a este programa víctimas que se encuentren en situación de riesgo.
En diario El Universal ha publicado parte de las declaraciones ministeriales contenidas en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015, en donde los jóvenes relatan la persecución de la que fueron víctimas por parte de policías municipales y ministeriales, quienes recibieron órdenes del entonces Presidente Municipal, José Luis Abarca, de extracción perredista.
Isidro Vicario, abogado de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, confirmó que debido a que estos normalistas habían sido víctimas de amenazas, decidieron acogerse a la figura legal para resguardar su integridad.
