La senadora priísta María de los Ángeles Moreno Uriegas y la diputada perredista Enoé Uranga demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defina públicamente su posición sobre el Estado laico e investigue la queja presentada contra el gobernador de Jalisco.
Como se recordará, al panista Emilio González Márquez se le acusa del desvío de 30 millones de pesos como parte de una donación para construir en Tlaquepaque del santuario de los Mártires Cristeros, obra promovida por la arquidiócesis de Guadalajara. Las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.
Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.
El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos. Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos.
Fuente: La Jornada
