Por: Pedro Joaquín Coldwell
Nuestro país encuentra en su pluralidad étnica y en su megadiversidad una de sus mayores riquezas. Por ello, el Gobierno de México tiene la obligación de promover políticas públicas que tengan como principio su reconocimiento y como objetivo su preservación. En el sector energético se ha asumido tal obligación con responsabilidad, por lo que se impulsan ya políticas concretas para implementar los criterios de sustentabilidad, equidad social y productividad, mandatados por el legislativo en el marco de la reforma constitucional en materia energética.
A partir de dicha reforma, se definió una política energética integral con enfoque social y en observancia a los derechos humanos, que establece el respeto, la garantía y la protección del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa a la realización de un proyecto que pudiera afectar sus intereses, de conformidad con los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El desarrollo del sector energético precisa de condiciones para la sustentabilidad de los proyectos a lo largo del tiempo. De ahí que la existencia de instrumentos específicos para construir la aceptación y apropiación social de los desarrollos del sector es fundamental. En la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica se plasmó la obligación que tiene la Secretaría de Energía de llevar a cabo los procedimientos de consulta previa observando de forma irrestricta los estándares internacionales en la materia, al tiempo que asegura que se realicen conforme a los principios de libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, buena fe, acomodo y razonabilidad.
La consulta previa, como un diálogo intercultural entre las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales, es un instrumento esencial en la vida democrática del país. En tal intercambio confluyen razones, información, perspectivas y preocupaciones legítimas respecto del desarrollo de proyectos y posibles efectos negativos y positivos. El diálogo posibilita la definición de medidas para prevenir y mitigar los impactos negativos y de estrategias para ampliar los impactos positivos, así como la construcción de acuerdos y consensos que podrían resultar en el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
La implementación de los procedimientos de consulta previa plantea retos mayúsculos, por ejemplo, en la identificación de las autoridades tradicionales, en la definición del sujeto colectivo de derecho, en la aplicación de estrategias de comunicación intercultural para la entrega de información, entre otros. La Secretaría de Energía enfoca sus esfuerzos para ejercer su atribución con apego a los estándares internacionales señalados.
Durante 2014, la Secretaría emprendió procedimientos de consulta con la comunidad indígena zapoteca de El Espinal, Oaxaca; con comunidades del Pueblo Rarámuri en Chihuahua, con la Tribu Yaqui en Sonora y con la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, también en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Los dos primeros concluyeron, mientras que los dos últimos se encuentran en su fase de conclusión y en su fase informativa, respectivamente.
Con la Tribu Yaqui se suscribió el Acta Marco de Consentimiento, tras haber realizado un procedimiento de consulta previa sobre la construcción del Gasoducto Guaymas – El Oro, que atraviesa en un tramo de 100 kilómetro por su territorio. Actualmente se trabaja en la revisión del Contrato que suscribirán la empresa y la Tribu sobre los derechos de vía para el desarrollo del proyecto.
En el caso de la consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza sobre la construcción de un parque eólico se ha trabajado en una coordinación interinstitucional inédita en el país, con el Gobierno de Oaxaca y el Ayuntamiento de Juchitán, y la participación de más de 10 dependencias gubernamentales. La consulta avanza con las dificultades naturales de un procedimiento inédito para el Gobierno, para la comunidad indígena y para los actores interesados del sector social.
La política energética actual reconoce los retos económicos y tecnológicos de un entorno más competitivo, pero también acepta los desafíos de generar un desarrollo económico con respeto a los derechos humanos y en beneficio de las comunidades. El proceso de construcción de estos consensos demanda la voluntad y el diálogo abierto y constructivo de todas las partes.
Secretario de Energía
Fuente: El Financiero
