La Cámara de Diputados aprobó en lo general, y particular, el dictamen que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, reconoce a las startups de pagos electrónicos y fondeo colectivo.
Con esta Ley también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes como la de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En diciembre pasado, el borrador de la ley fue avalado por el Senado por unanimidad por 102 votos a favor y se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Actualmente en México existen 230 empresas fintech, el país mercado más importante de América Latina.
La ley surgió de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República el 10 de octubre de 2017, la cual fue aprobada en la Cámara alta el 5 de diciembre de ese mismo año.
¿Qué contiene?
Está conformada por 145 artículos divididos en siete títulos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento.
Las instituciones de tecnología financiera se entienden como aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.
Dichas instituciones, en el sector privado, son las de pagos electrónicos (monedero en línea, compras vía celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre otras.
La nueva ley, entre otros aspectos, propone considerar el uso de activos virtuales previa autorización del Banco de México (Banxico).
