El derecho de expresión en redes sociales

Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola fueron acusados por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz como probables responsables de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje cometidos en contra de la sociedad veracruzana al haber difundido mensajes falsos a través de redes sociales.

Tras la presión mediática y la movilización de usuarios de redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno del estado reculó: propuso al Congreso local cambiar el código penal, retiró los cargos y liberó a los detenidos.

Al respecto, mucho se ha discutido: que si la Ley Duarte -como se bautizó la reforma al Código Penal de Veracruz- es inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión; que si las redes sociales son un terreno intocable por la censura oficial; que si todo intento gubernamental por acallar a los ciberciudadanos representa una regresión; que si el nuevo tipo penal en el estado entraña un acto autoritario además de extralimitarse territorialmente, etcétera.

En efecto, tal como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Pero como cualquier derecho universal, los límites de la libertad de expresión se encuentran precisamente donde comienzan los otros derechos. Por ejemplo, la misma Declaración Universal, en su artículo 12, indica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Aquí se aprecia claramente uno de los límites señalados.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es más preciso. En su artículo 19 señala que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, el ejercicio de este derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

El Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, señala que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En nuestro país, la Constitución consagra el derecho a la manifestación de las ideas en su artículo 6o y de igual manera señala los límites de esta garantía individual: cuando se ataque a la moral, los derechos de tercero o cuando se provoque algún delito o la perturbación del óden público. Por su parte, el 7o constitucional señala que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia no tiene límites salvo el respeto a la vida privada, a la mora y la paz pública.

Ahora bien, si bien es cierto que las redes sociales no están reguladas en México, el derecho de expresión o la libre manifestación de las ideas y sus límites -tanto en medios tradicionales como en los nuevos medios- han merecido airados debates, que en lo general han concluído en la necesidad de la autorregulación de los medios y la implementación de códigos de ética.

Las preguntas que hoy tenemos que plantearnos con seriedad son las siguientes: ¿Los tuiteros de Veracruz incurrieron o no en los límites de la libertad de expresión impuestos por nuestra Carta Magna? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como usuarios de las redes sociales? ¿Están autorizados o no los gobiernos de buscar el cumplimiento de los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia? ¿Es oportuno o no -ante la demostrada importancia de las redes sociales- promover, por lo menos, la discusión del asunto? Que comience el debate.