El Gobierno mexicano no pagará a las empresas privadas que en sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex) o de forma independiente exploren yacimientos que deriven en proyectos fallidos.
En el nuevo modelo de contrato de utilidad compartida, la gran diferencia es que el fracaso lo paga la empresa. En la actualidad, en los contratos de servicio, si la explotación es exitosa o no, el Estado le paga a la compañía.
El presidente Enrique Peña envió el lunes su iniciativa de reforma energética al Senado, donde propone abrir la participación del capital privado en la producción de hidrocarburos a través de contratos de utilidad compartida, con lo cual las compañías se verán imposibilitadas de registrar en sus estados financieros los barriles de crudo que extraigan.
Esto garantiza que el Gobierno se asegura el control sobre el petróleo, en contraste con las concesiones, donde la empresa gana mayor control.
