Una nueva ley aprobada por el Senado castigará con hasta 35 de años de cárcel, además de acusar como cómplices a dueños de terrenos donde se encuentren tomas clandestinas y a quienes compren combustible robado.
La minuta que fue enviada a la Cámara de Diputados contempla penas de hasta 18 años de prisión a quien despache menos combustible del declarado, y considera el robo de hidrocarburos como crimen organizado.
También castiga con cárcel entre 40 y 60 años y multa de 50 mil a 65 mil días de salario mínimo a quien, por cualquier medio, realice actos de sabotaje. Sin embargo, aclara que “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
La nueva ley establece también de 5 a 10 años de prisión a quien obstruya el acceso a infraestructura destinada a la extracción, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos.
Fuente: SDP Noticias
