En respuesta al reporte elaborado por la organización Open Society Justice Iniciative, en el que se menciona que varios cuerpos de seguridad del país son responsables de crímenes “sistemáticos” de lesa humanidad, el Gobierno Federal objetó que en México la enorme mayoría de crímenes cometidos son por parte de organizaciones criminales.
Este informe fue elaborado por diferentes instituciones defensoras de los derechos humanos, y menciona que el Ejército, Marina y otras instituciones de la policía, envueltas en el combate al crimen organizado que inició hace varios años, han realizado ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y muchas veces, en conjunto con los grupos que se dedican al narcotráfico.
“Gobiernos mexicanos consecutivos han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado“, se puede leer en el reporte de 232 páginas.
Si los crímenes cometidos fueran procesados internamente, por medio de la creación de una nueva entidad local con participación internacional, se evitaría que en unos años, la Corte Penal Internacional tenga un juicio contra las fuerzas de seguridad mexicanas, según los activistas.
Para defenderse de estas acusaciones, el Gobierno Federal dio a conocer un comunicado firmado por la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, Marina y PGR, en el que se refuta lo afirmado por el reporte de Open Society Justice Iniciative y se afirma que la enorme mayoría de los crímenes cometidos contra la población, son cometidos por organizaciones criminales.
“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, se lee en el comunicado.
También, se menciona que “las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, se destaca que,en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables”.
“La estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos”, pues en los últimos tres años, los homicidios dolosos bajaron en 22% y en los estados de la frontera norte, que solían ser los más violentos, el índice disminuyó hasta en 45%. El secuestro se redujo en un 27%; y la extorsión, 30%.
A pesar de esto, el Gobierno Federal aceptó que “enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos”.
Para finalizar, mantuvo que “el Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad”.
