Tras la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, durante el desalojo de la manifestación que tenían en la autopista México-Acapulco el pasado lunes, el gobierno de Guerrero y el federal se “echan la bolita” a la hora de deslindar responsabilidades.
En lo que toca al gobierno guerrerense, presentó ayer un video, grabado por una cámara de seguridad del estado, que muestra cómo los manifestantes tomaron la carretera y cómo se desarrolló el operativo: aparecen —y se resaltan— policías federales golpeando a los detenidos y haciendo al menos un disparo al aire.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal difundió un peritaje en el que deslinda a sus agentes del homicidio de los inconformes. Aseguró que los impactos de bala sobre un muro de contención demuestran que los disparos se hicieron desde donde estaban los policías ministeriales de Guerrero, y no provenían de armas de la Policía Federal. El documento también está avalado por la Procuraduría de Justicia de Guerrero.
En tanto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero separó de sus cargos a tres funcionarios estatales tras el homicidio de los estudiantes normalistas.
Los funcionarios guerrerenses cesados fueron el procurador, Alberto López Rosas; el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Miguel Arreola, y el director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez. El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, presentó su renuncia.
Paralelamente, la Procuraduría estatal liberó a los 24 detenidos en el operativo de desalojo de la Autopista del Sol.
Fuente: Excélsior
