Desde que se promulgó y a lo largo de 100 años, la Constitución Política de 1917 ha sentado las bases para consolidar a México como un país democrático y libre, con innovaciones tan trascendentales como constantes que han servido de referencia a otros países, pero que también impactan el orden constitucional.
Las modificaciones a la Carta Magna que rige al país actualmente, además de fortalecer el marco jurídico en beneficio de los mexicanos, reafirman la relevancia del texto constitucional y buscan actualizarlo para mantenerlo vigente ante los cambios en el acontecer nacional e internacional, aunque hay quienes opinan que también la han hecho compleja para la ciudadanía.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es sin duda una de las más reformadas en el mundo, con más de 600 modificaciones, entre las que destacan las hechas en materia de derechos sociales, humanos y políticos, en los rubros electoral, religioso, de distribución de la tierra, de acceso a la justicia y las modificaciones al sistema político.
Así como las reformas estructurales realizadas en lo que va del actual sexenio en los temas energético, educativo, de telecomunicaciones y anticorrupción, quizá las modificaciones más trascendentales en últimos 15 años, con lo que se confirma como baluarte de la democracia, aunque todavía con varios pendientes para consolidar un país igualitario.
Desde su entrada en vigor, han sido diversas y constantes las innovaciones que se le han hecho en aras de mantenerla actualizada, a fin de garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, sin embargo especialistas advierten sobre la necesidad de cambiar la práctica del “reformismo” para lograr estabilidad constitucional y hacer un texto cercano a la gente.
En ello coinciden Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y César Astudillo Reyes, doctor en Derecho Constitucional, quienes además destacan la importancia de fortalecer al Poder Judicial Federal para la actualización de la Carta Magna la hagan los jueces y no los partidos políticos.
En entrevista con Notimex, Ibarra Palafox señaló que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos estableció una especie de cláusula para ampliar el espectro de derechos de los mexicanos, ya que “abrió la Constitución” a los tratados internacionales que México ha ratificado en ese rubro.
El doctor en Derecho y maestro en Teoría Política mencionó que otra innovación significativa es la de hidrocarburos hecha en 2013, con la que se permitió la participación de empresas privadas en la exploración y explotación de los hidrocarburos, “algo que era inconcebible”.
Aunque el funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció las aportaciones que se han hecho en cien años con los diversos ajustes al texto constitucional, advirtió que cuando una Carta Magna es modificada en exceso se genera inestabilidad constitucional.
Al respecto, señaló que los cambios a la Constitución son necesarios para mantenerla actualizada ante la realidad política interna y externa, pero en el caso de México éstos han sido excesivos y obedecen en gran parte a que los partidos políticos tratan de plasmar sus programas de gobierno en la Constitución.
No obstante, Ibarra Palafox consideró que el constitucionalismo es aún vigente y es indispensable mantenerlo así en un Estado democrático, “porque es afirmar los principios de control de poder y de respeto de los derechos”, de ahí la necesidad de fortalecer la cultura de la constitucionalidad.
Planteó que una alternativa a los constantes cambios es “una reforma sustantiva constitucional” para que los temas secundarios pasen a leyes que expide el Congreso y la Constitución sólo concentre los principios más importantes, a fin de que sea un texto accesible y comprensible para los mexicanos. “Necesitamos un texto constitucional más breve”.
Otra vía, añadió, es el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en la medida en que ésta sea más fuerte, “el control constitucional será realizado por los jueces y no los partidos políticos”, lo que se requiere para recuperar la confianza ciudadana.
Al ser promulgada, la mexicana era considerada la Constitución más avanzada del mundo y otras de sus aportaciones fueron la no reelección presidencial, las garantías individuales, la división de Poderes, la desaparición de la figura de vicepresidente; y muchos años después el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser electas.
Para César Astudillo Reyes, especialista en derecho constitucional y ciencia política, las principales contribuciones de la Constitución de 1917 son las referentes al sistema político, con lo que se alienta la transición democrática del país, además de las reformas al sistema de justicia mexicano.
Refirió que con estas últimas se hicieron ajustes al Poder Judicial federal y la Suprema Corte se convirtió en el máximo tribunal constitucional, se incorporó el Tribunal Electoral y se creó el Consejo de la Judicatura Federal como el órgano encargado de la administración del Poder Judicial.
También destacó las modificaciones para incorporar órganos autónomos como el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros, que integran el sistema de órganos constitucionales autónomos, con lo que se evita que los poderes políticos tradicionales tengan injerencia en decisiones técnicas.
Respeto a la constante modificación a los preceptos de la Constitución mexicana, coincidió con Ibarra Palafox en que se debe cambiar esa lógica, pues “no se dejan ‘enraizar’ las reformas cuando ya queremos reformar”, por ello se debe incidir más en las leyes que en la Constitución de manera directa.
En ese sentido, en entrevista por separado, planteó crear una nueva categoría de leyes orgánicas que se encarguen de desarrollar los principios constitucionales y sean difíciles de reformar, “con ellas se fortalecería la estabilidad constitucional que se requiere”.
El también secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM coincidió en la viabilidad de una reforma integral de la Constitución como alternativa al planteamiento de una nueva Carta Magna, ya que las condiciones actuales no lo permitirían.
Al respecto, señaló que existe la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de hacer una sistematización del texto constitucional, es decir, retomar sólo los principios esenciales, “depurarlo para quitar lo que no es relevante”, con un lenguaje constitucional homogéneo.
“Ante la dificultad de entrar y salir bien librados de un Congreso Constituyente, me parece que esta es una fórmula intermedia que daría nueva solidez, nuevo empuje, nuevos bríos al texto constitucional”, argumentó.
Astudillo Reyes opinó que el orden constitucional atraviesa un momento complejo, ya que los planteamientos de este movimiento para lograr un estado igualitario y que fueron plasmados en la Carta Magna de 1917, no se han cumplido en su totalidad.
Lo cierto es que aunque la Constitución que rige actualmente al país difiere de su original promulgada hace cien años, debido a las diversas modificaciones, ésta sigue siendo la “ley suprema” que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política; la piedra angular de la democracia.
