El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta Ley permite cerrar “espacios de opacidad y discrecionalidad, y abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país”.
Puntualizó que la transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas.
El Primer Mandatario señaló que esta Ley es “un avance institucional muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia”.
Con todo y sus beneficios sociales, “la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma más amplio: el Gobierno Abierto”.
Aseguró que los Gobiernos Abiertos “son la nueva frontera de la democracia, son un modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades”.
El Presidente Peña Nieto refirió que, congruente con ello, en febrero pasado expidió el Decreto por el que se Establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos. “De esta manera, se pondrá a disposición de la población, de manera digital y en línea, la información de carácter pública generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, dijo.
“Estoy seguro de que la Ley General que hoy se promulga permitirá que no sólo el Gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto, adopte el nuevo paradigma de los Gobiernos Abiertos”, resaltó.
Puntos más relevantes de la Ley General promulgada hoy:
PRIMERO: La Ley obliga a que más autoridades, instituciones y personas, sean transparentes.
SEGUNDO: “La Ley fortalece y articula los procedimientos de los organismos garantes, creando el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este sentido, la Ley homologa el acceso a la información pública, estableciendo los fundamentos que regirán en todo el país. De esta manera, se regulan los medios de impugnación y se establecen las bases de coordinación entre el instituto garante nacional; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
TERCERO: Se amplía la obligación de transparentar información pública de oficio, y se facilita el acceso a ella. “La Ley General establece un catálogo mayor a los lineamientos que antes existían, ahora de 50 preceptos comunes a todos los sujetos obligados”.
CUARTO: La Ley prevé los instrumentos necesarios para asegurar el principio constitucional de máxima publicidad. “Se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será accesible a cualquier persona. En este sentido, se elevan los requisitos para poder reservar información temporalmente. Además, no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
QUINTO: “La Ley fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información, y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia. En este sentido, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. Para dar certeza a la aplicación de esta Ley General, se establece su prevalencia sobre cualquier otro ordenamiento en la materia”.
SEXTO: la Ley amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia. “Habrá Consejos Consultivos en todos los organismos garantes integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con acreditada experiencia en la materia”.
