Si bien varios medios de comunicación se toman la molestia de llevar un conteo de las ejecuciones en México, desde hace tiempo se perdió la capacidad para saber si son pocos o muchos los caídos, lo cierto es que parece que no se detendrá la cuenta.
Antes el argumento versaba sobre una batalla entre los mismos grupos criminales, “se están matando entre ellos”, se escuchó en varios discursos, pero poco a poco se vieron envueltos personajes externos, miembros de la sociedad civil.
Razón suficiente para que el miedo fuera creciendo entre nosotros, entre la ciudadanía, pues ya no era nada más ver en los noticieros de televisión la violencia, sino cada vez sentirla más cercana, del país pasó a la ciudad, y de allí al barrio o colonia, en cualquier lugar podía aparecer ese momento que cambia la vida, ya fuera por una bala perdida, un atentado contra el comensal de al lado, o lo nervios que se disparan por el simple hecho de que “puede ocurrir”.
Hay registros de poblados que mermaron sus industrias comerciales, turísticas, restauranteras, por diversos enfrentamientos entre grupos criminales o entre ellos y los grupos de seguridad en sus diferentes niveles. De ser pueblos mágicos ahora son poblados fantasmas.
Todo lo cual vuelve a tocar un punto alto en la sociedad mexicana al recientemente enterarnos de dos asesinatos de miembros de la clase política nacional. Por un lado el diputado local electo en el estado de Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque, y por el otro el diputado local del Estado de México, Jaime Serrano Cedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
Circunstancia que eleva el sentir de temor puesto que los integrantes de la clase política han generado una figura de intocables, basta ver los equipos de seguridad que les acompañan en todo momento, o los despliegues que se hacen en eventos públicos donde se presenta ya no digamos el Presidente de la Repúblico sino un Gobernador o incluso un presidente municipal, senador o diputado.
Los ciudadanos al notar ese aparato de seguridad y saber de su vulnerabilidad, incrementan su sentir de temor, es hasta cierto punto natural, pues si sufre un atentado quien tiene protección y elementos que lo resguardan, un integrante promedio del colectivo social qué puede esperar.
A ello hay que sumar otro factor que también debe preocuparnos como integrantes de la sociedad: nadie desea que sucedan más muertes, y menos en tan escandalosas circunstancias, ya sea de la clase política gobernante o de otro sector, sin embargo debido entre otras razones al enojo causado por su aparente poca productividad, sus excesos notorios, y la lejanía con los grupos que gobiernan, no es de extrañar, aunque sí de sorprender, las voces que no lamentan sus fallecimientos. Y no debemos dejar que eso suceda.
El representante político también refleja un estatus, una forma de conseguir algo mejor. Las enseñanzas de figuras como “la palanca” o “el padrino”, generan una especie de esperanzadora imagen para lograr un objetivo: un empleo, un negocio, un favor.
Pero en la misma magnitud se puede identificar sentimientos como la frustración entre los pobladores de un lugar cuando ven que el político no cumple lo que prometió. El difícil cambio del canto de la campaña electoral, a la realidad del palacio de gobierno o la curul.
Y la imagen del político incrementa el enojo entre la ciudadanía y en consecuencia disminuye sus calificaciones con comportamientos y actitudes que manchan a todo el gremio como por ejemplo las de Rubén Escamilla (asambleísta del Partido de la Revolución Democrática en el DF), a quien se le descubrió en su tiempo de jefe delegacional en Tláhuac pidiendo favores sexuales a cambio de plazas laborales.
Por desgracia la violencia ha tenido que ver desde siempre en la conformación de la clase política en nuestro país (la referencia obligada es la novela de Martín Luis Guzmán “La sombra del caudillo”), y las violentas muertes de presidentes municipales, diputados y candidatos, sobresaliendo por supuesto el presidencial en 1994, de todos los partidos políticos nos vuelve a poner en alerta máxima.
Los actos delictivos que quitaron la vida a los representantes populares deben ser juzgados y resueltos por las instancias correspondientes de la justicia mexicana (ya salió a la luz en el caso de Ciudad Nezahualcóyotl que la esposa es la presunta culpable), sin embargo, como ya se dijo, el halo que queda en el sentir social es que si le sucede a alguien que la psique social identifica como “poderoso” o “influyente”, entonces qué se puede esperar el ciudadano normal, promedio, común. Allí el miedo es peor.
Rafael Vargas Pasaye
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