Los esfuerzos de México contra el secuestro y asesinato de migrantes han sido insuficientes, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
“El crimen organizado ha tomado ya el tráfico de personas como una de sus principales fuentes de ingresos, tras el trasiego de drogas y armas”, dice Plascencia.
Y no es para menos. La masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, sigue impune. Apenas se ha detenido a un puñado de hombres y mujeres por los casi 200 cuerpos encontrados en narcofosas en el mismo municipio; y de las cabezas que orquestan todo esto, no hablar.
Después de semanas de negarlo, las autoridades por fin cedieron a las presiones de ONGs e instancias internacionales, e investigan el secuestro masivo de migrantes en Medias Aguas, Veracruz. Aún no hay resultado de estas investigaciones.
Estos acontecimientos tienen algo en común: los responsables son el grupo criminal “Los Zetas”. Este cártel, que en su poco tiempo de existencia independiente ha encontrado la manera de diversificarse y fortalecerse. Y no solo eso; las prácticas que han desarrollado están fuera de los patrones establecidos por los cárteles del narcotráfico. “Los Zetas” no tienen códigos.
Y, ante esto, el Estado mexicano ha fallado en responder. Si bienen últimamente ha hecho algunos esfuerzos, estos no ha sido suficientes; falta mucho por hacer en materia de prevención y de investigación. Pero también es necesario que los países de origen de los migrantes que pasan por México, pongan de su parte.
