La cifra hasta ahora es de poco más de 1,000 niños abusados, sin embargo, la investigación del Gran Jurado que duró dos años, encontró que podría haber miles de víctimas más, cuyos archivos se han perdido. Los abusos se registran desde 1970.
“Han habido otros reportes de abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. Pero nunca de esta escala. Para muchos de nosotros, esas historias pasaron en otro lugar, en un lejano lugar. Ahora sabemos la verdad: pasó en todos lados“, se lee en el párrafo introductorio del reporte.
Dicho reporte es producto del trabajo de dos años de investigación, contiene información sobre seis diócesis de las ocho que existen en Pennsylvania y que requirió a los miembros del gran jurado, entre otras cosas, la revisión de dos millones de documentos diocesanos.
De acuerdo con el informe, más de mil víctimas pudieron ser identificadas a partir de los archivos de las propias iglesias sobre los casos, pero el número de registros perdidos o de víctimas que nunca han salido a la luz puede oscilar entre los miles.
El Gran Jurado del Estado dio a conocer el martes los detalles de una investigación que incluye a 300 sacerdotes de la Iglesia Católica que violaron, manosearon e incluso ayudaron a abortar a menores de edad.
“La mayoría de las víctimas fueron niños, pero hubo niñas también; algunos eran adolescentes, muchos eran pre adolescentes. Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. Algunos fueron obligados a masturbar a sus agresores o a tocarlos. Algunos fueron violados oralmente, algunas por vía vaginal, otros vía anal. Pero todos fueron hechos a un lado, en cada parte del estado, por líderes de la Iglesia que prefirieron proteger a los abusadores y a su institución”, afirma el reporte.
En los archivos diocesanos revisados por el gran jurado se hallan incluso admisiones o reportes de abuso sexual infantil dentro de las propias iglesias.
El Gran Jurado detalló el informe, que existió un ‘manual de jugadas’ con las prácticas a seguir cada vez que las diócesis de Pensilvania recibieron una denuncia por abusos sexuales contra menores de edad. El Código de Derecho Canónico requiere mantener un archivo con todas esas denuncias, y a partir de ahí el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos, un departamento especializado del FBI, analizó los documentos y sacó siete conclusiones con las prácticas habituales que se siguieron para encarar dichos casos.
Dentro de sus recomendaciones, los miembros del gran jurado incluyeron eliminar las restricciones legislativas para que las víctimas de abusos en el pasado puedan denunciar. Las leyes actuales permiten que las víctimas denuncien hechos ocurridos hasta 50 años atrás, pero la investigación encontró a personas que fueron agredidas hace 60 o hasta 70 años.
También recomendaron endurecer la ley en materia de la obligación que tienen las autoridades eclesiásticas de denunciar abusos a las autoridades del estado y una ley que impida que los acuerdos de confidencialidad obstruyan las investigaciones criminales.
