Ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, México concluyó su presentación con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.
Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que, “en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas” .
Precisó que los registros existentes “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos” .
“Es algo que hay que corregir sin duda alguna” , declaró en relación a un fenómeno que, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) , ha afectado a más de 22 mil personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.
La organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas.
Para responder a esta evaluación, el Gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Váldez.
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