(Notimex).- El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, rechazó que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del estado en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa se hayan cancelado o anulado.
En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que son falsas las versiones que algunos medios de comunicación y columnistas han señalado con relación a lo anterior y mencionó que dichos procesos no se han “caído”.
“Lo único que ocurrió y que no es una novedad, sino una simple estrategia de defensa que las personas sujetos a proceso e investigación hasta el día de hoy han intentado, es promover un juicio de amparo en donde se reclama la supuesta ilegalidad de dichos mandamientos de captura“, dijo.
Indicó que se tiene conocimiento que dicho amparo se admitió por un juez federal con residencia en la Ciudad de México y que con sustento en el dicho de Duarte de Ochoa se le concedió de manera provisional la suspensión de la ejecución de las ordenes de aprehensión libradas por los jueces de control del estado de Veracruz.
Winckler Ortiz mencionó que dicha suspensión “no es una concesión de amparo, no anula los procesos que se siguen en su contra, ni mucho menos es una sentencia absolutoria”.
Precisó que a la fecha la Fiscalía del Estado de Veracruz no ha sido notificada de la admisión de este juicio de amparo indirecto ni tampoco de la concesión de la suspensión provisional concedida a Javier Duarte de Ochoa en contra de las ordenes de aprehensión ya citadas.
Sin embargo, sostuvo, por la experiencia en todos los asuntos similares promovidos por exfuncionarios en contra de las órdenes de aprehensión ha sido criterio de los jueces federales para conceder la suspensión de acto que se reclama, la exhibición de una garantía económica por parte del quejoso y la obligación que se hace al quejoso (en este caso Javier Duarte de Ochoa) para que en un plazo no mayor a tres días comparezca ante el juez de control.
El funcionario aseveró que la Fiscalía de Veracruz tiene plena confianza en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República respecto de las cuales formuló imputación al ex gobernador, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
