El Papa Francisco ha realizado varias reformas y a un ritmo jamás visto en la Iglesia. La última decisión ha sido la de cambiar mediante un motu proprio —un documento que solo pueden emitir los papas— el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano. Queda abolida la cadena perpetua, se introducen nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y, sobre todo, se agravan las penas para los casos relacionados con abusos de menores y blanqueo de capitales.
La reforma del Papa Francisco supone la continuación de la lucha contra la pederastia en el interior de la Iglesia que ya inició Benedicto XVI. El motu proprio incluye en la legislación vaticana el conjunto de delitos que pueden sufrir los menores: “Venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores”.
La decisión del Papa se produce después de que, el pasado lunes, el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU urgiera por primera vez al Estado de la Ciudad del Vaticano a que diese explicaciones detalladas sobre los abusos sexuales y la violencia cometidos contra niños en el seno de Iglesia católica. El Vaticano tendrá que responder por escrito antes del próximo mes de noviembre a una serie de preguntas elaborados por expertos de la ONU.
Además de la supresión de la cadena perpetua, que se sustituye por penas de 30 a 35 años de prisión, la reforma de Jorge Mario Bergoglio reserva un epígrafe para los delitos de genocidio y apartheid en consonancia con lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Además, la nueva legislación permite también a los tribunales de la Santa Sede juzgar “delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede”.
“En nuestros tiempos”, explica el Papa, “el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, el uso inapropiado del mercado y de la economía, además de por el terrorismo”.
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