Sin duda, el eje central de dicha Reforma Política (o por lo menos de los más polémicos) es la aprobación o no de la reelección consecutiva de legisladores.
Al respecto, mucho se ha hablado en días recientes sobre las bondades de dicho esquema, así como de su justificación teórica; sin embargo, parecen por demás legítimas las preocupaciones, reservas y dudas que al respecto expresan amplios sectores de la población. De unas semanas para acá, ha sido llamativa la estridencia con que diversos líderes de opinión, analistas políticos y académicos han exigido la inmediata aprobación de la reelección legislativa, la pasión con la que descalificaban a quienes sostienen una opinión contraria, y las maravillas y bondades que atribuyen a tal modalidad.
Esta es precisamente la motivación de este texto, analizar, al menos de manera superficial, todas las dádivas de la “panacea” política que representa la reelección, y el utópico camino de desarrollo al que nos llevaría; tratar de entender el por qué de su urgencia y necesariedad. La experiencia empírica y el sentido común podrían llevar a plantear muchas dudas y cuestionamientos al respecto.
Este texto no constituye una apología a la no reelección, es simplemente una reflexión sobre los aparentes pros, contras, y consecuencias de la aplicación de la reelección inmediata de legisladores en una democracia aún en desarrollo como la nuestra. ¿De verdad es necesaria, urgente y obvia su aprobación?
Este análisis consta de dos etapas: la primera, una enumeración de los principales argumentos expresados para impulsar la reelección, acompañado cada uno de breves consideraciones a manera de réplica que engloban las reservas, deficiencias o falacias contenidas en cada uno de dichos argumentos.
En la segunda parte, se enlistan algunos factores clave que, convenientemente, están quedando de lado en los análisis de los impulsores de la reelección; así como una breve conclusión extraída del desarrollo de ambas secciones. En general el texto está enfocado en el caso particular de los diputados pero, sin mayor pérdida de generalidad, sería posible extender la mayoría de las conclusiones a los senadores.
- Especialización y experiencia de los legisladores. La reelección permitiría que los diputados se volvieran “expertos” en ciertas materias, lo que desembocaría en mejores leyes. Al respecto, Fernando Escalante (CNN, 2 de febrero de 2005) comentaba lo siguiente:“Es absurdo pensar que los legisladores pudieran convertirse en especialistas y conocer todas las materias de las que se ocupan, para eso hay un cuerpo de asesores en cada grupo parlamentario de la Cámara y el Senado. No hace falta más. La idea de la democracia representativa es que se lleven al Congreso ideas, intereses y programas pensados con miras un poco más amplias”.Además, si el problema es la especialización, ¿no se resolvería simplemente con aumentar el número de años que dura cada legislatura, digamos a 4 o 5 años? Si el problema es en realidad la especialización, dotar al congreso con un cuerpo técnico de buen nivel, o incrementar la duración de los periodos legislativos sería más que suficiente.
- Acercar a los diputados a su distrito. De entrada, es contradictorio con la especialización del punto anterior. La reelección obligaría a los legisladores a ir a sus distritos a hacer “labor social”, a tratar satisfacer las expectativas de los ciudadanos.En una democracia aún incipiente como la nuestra, la diversidad de funciones de los distintos actores políticos no resultan claras. Sería más fácil para un diputado reelegirse a través de acciones populistas o posturas demagogas, que por medio de su especialización y concentración en temas técnicos y de carácter nacional. Se estaría incentivando a que el legislador llevara “bienes” y realizara actividades paternalistas, dadivosas o clientelares en sus distrito, en vez de legislar en favor de políticas públicas concretas.
- Quitar poder a los partidos y líderes políticos. Si es esta la motivación central de la propuesta, bastaría con eliminar la representación proporcional, pues es ahí donde radica el verdadero control de los líderes partidistas.Por otro lado, quienes sostienen este punto se olvidan de que la política mexicana se sustenta en un sistema de partidos, no de candidatos como en Estados Unidos. Federico Berrueto (Milenio, 6 de diciembre de 2009) reproducía con claridad esta idea:“Los sujetos del proceso electoral son los partidos en la oferta, la publicidad, la boleta, las prerrogativas y las responsabilidades legales. Desde la reforma de Reyes Heroles, el Congreso se organiza con las fracciones parlamentarias, no con legisladores en lo individual. En todo caso, para mejores legisladores se requiere cambiar a los partidos; así se resuelve el problema por su causa no por sus efectos; la disciplina partidaria tendría efectos positivos y contendría los riesgos de cooptación o sometimiento a los llamados poderes fácticos”
Lejos de ser un lastre para la democracia mexicana, la disciplina partidista le da certidumbre al proceso legislativo. Además, como se explica a continuación, constituye la verdadera manera de evaluar, premiar o castigar a nuestros representantes.
- Rendición de cuentas y capacidad de evaluar a los representantes. Esto requeriría asumir el supuesto de que el elector debe conocer todas las votaciones del legislador, conocer el tema, y tomar postura al respecto. Además, como menciona nuevamente Fernando Escalante (CNN, 2 de febrero de 2005):“El premio o castigo de los electores, es algo que ya existe. La gente en general no conoce al individuo que fue elegido en su distrito y no revisa el sentido de su voto en los cientos de iniciativas que se presentan en cada periodo de sesiones, pero puede saber muy bien las líneas generales del programa de los distintos partidos, puede saber cómo han votado las fracciones parlamentarias las dos o tres leyes que importan. En las elecciones, cada tres años, se vota así: para aumentar o disminuir la fuerza de un partido en el Congreso, porque no sirve de nada la postura individual de un diputado. Eso quiere decir que los representantes tienen que mantener hasta cierto punto disciplina de partido, tienen que respetar los compromisos adquiridos en campaña. No está mal. De hecho, la prohibición de reelecciones consecutivas tiene ese propósito: debilitar los vínculos clientelistas del poder local y favorecer formas de integración política más amplias, como las que ofrecen los partidos políticos. El panorama no ofrece muchas dudas. De reelegirse los legisladores se haría un feudo como sucede en buena parte del mundo: tendríamos partidos más débiles, insignificantes, menos movilidad de la clase política, elecciones menos competidas cada vez y, en poco tiempo, una oligarquía formada por caciques locales”. Nada que agregar al respecto.
- Existe en la mayoría de los países. Esto, con dificultad podría concebirse como un argumento serio, pero sorpresivamente, es de los más socorridos por los defensores de la reelección. Sólo dos países en América Latina no cuentan con reelección: México, y el que posiblemente sea el país más desarrollado democráticamente en la región, Costa Rica.Claramente, no podemos tratar de replicar las experiencias sociales europeas y estadounidenses, puesto que tenemos cultura cívica, historia, economía e instituciones distintas. Quien alegue que tal o cual política social es efectiva en Estados Unidos o Suiza, y por eso debe replicarse en México, evidentemente no conoce la realidad de nuestro país.Si a lo que aspiramos es a tener democracias como la venezolana, hondureña, boliviana, ecuatoriana o peruana (países con un contexto mucho más parecido al nuestro en todo sentido), honestamente no queda claro dónde esta la ganancia. Son democracias tan débiles e imperfectas como la nuestra; probablemente más.
Por otro lado, no observamos a quienes defienden la reelección legislativa, exigiendo también la reelección del ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia?. Tampoco se ve a los académicos y analistas que demandan dicha medida (muchos de ellos de formación tecnócrata y lujambiana-valga el término – o lo que es lo mismo, estudiosos del sistema electoral norteamericano, pero sin mucha formación en el mexicano) pedir segunda vuelta, e igualmente es aplicada en muchos otros países.
Y ¿Qué hay del riesgo de vincular a representantes populares con grupos de interés? Nuevamente Berrueto (Milenio, 6 de diciembre de 2009) nos comparte:
“El problema es la ineficacia del voto como recurso de control ciudadano. La reelección profundizaría el problema, ya que uno de sus efectos sería acentuar el tráfico de influencia para satisfacer no a los ciudadanos, sino a los factores que inciden en las campañas y los resultados; en EU, 98% de los diputados que pretenden reelegirse lo logran y no es por virtud, sino porque quienes buscan reelegirse cuentan con un desproporcionado financiamiento respecto a quienes les compiten. Los datos son públicos y verificables. Pensar que el IFE o los partidos lo podrían evitar o contener es broma de mal gusto”.
Por otro lado, la argumentación pierde legitimidad cuando va dirigida a un grupo o partido político en particular. Se acusa al PRI y al PRD de oponerse a la reelección; y no sólo eso, se les descalifica. En democracia, la pluralidad es un elemento esencial. La incapacidad del círculo rojo impulsor de esa propuesta, de aceptar opiniones distintas a la suya, dificulta la posibilidad de llevar a cabo un análisis serio. Parafraseando a Juan Valencia (Milenio, 5 de diciembre de 2009): “La reforma propuesta es una pose para complacer al estrecho círculo de opinión avenido a recetas fáciles y fórmulas mágicas para resolver los problemas del país. La grilla y el juego de espejos están en la reelección, en la llamada reforma política”.
Por último, y tal vez más importante, es obligado señalar el gravísimo absurdo legal en el que caen los reeleccionistas.
Quizá la formación comparativista que han recibido la mayoría de estos analistas les ha impedido conocer otras importantes áreas de la política mexicana; el derecho constitucional entre ellas. El artículo 51 constitucional establece claramente que los diputados son REPRESENTANTES DE LA NACIÓN; es decir, su obligación es velar por el interés general de la República, no de determinada región geográfica. La modalidad distrital tiene fines meramente electorales y demográficos, no de representación. Una confusión muy común y expandida, dado que en Estados Unidos, los congresistas si son representantes distritales.
Es falaz y doloso tratar de dispersar la errónea idea de que el legislador está obligado a volver a su distrito y responder a las exigencias concretas de ese sector de la población. Un diputado electo en el distrito 4 de Colima no sólo es diputado de esa región en particular, sino de todos los mexicanos.
Y no es que sea negativo el hecho de que legislador se vincule con el distrito que lo eligió, claro que es deseable que demuestre los resultados de su gestión, conozca las exigencias de la gente, y pueda llevar beneficios concretos a sus vecinos. Como ya se expuso anteriormente, de aprobarse la reelección, los incentivos estarían en sentido de que ésta fuera la única preocupación del legislador, lo que claramente no es su función central.
Es común escuchar entre algunos “eruditos” politólogos, privilegiados con una formación de calidad, expresiones del tipo “ese diputado que ni siquiera finalizó la primaria” o “pobre diputado iletrado de la democracia, ¿qué va a saber de impuestos?”. Su brabuconería es tan amplia como su ignorancia. Se olvidan de que la Cámara de Diputados no es un órgano especializado ni técnico, donde estén expertos egresados de las mejores universidades del mundo, sino un órgano de representación popular, donde debe apreciarse la pluralidad y realidad de nuestro país, y donde cada sector social, laboral, étnico y económico esté legítimamente representado.
Dicen que se miente y se abusa de la confusión de la población, pues se pretende asustarlos haciendo creer que la reelección es equivalente a dictaduras; pero son ellos son los que engañan al tratar de vender la falsa idea de que es función de los diputados regresar a sus distritos a ganarse el voto de ese fragmento particular de la población.
Un Presidente o un Senado con iniciativa no es quien propone, sino quien hace, quien despliega sus recursos, talento, energía e inteligencia para lograr su propósito.
Para concluir, quizá la reelección no sea mala per sé, simplemente el análisis simplista y poco apegado a la realidad, así como los juicios y descalificaciones que emiten quienes defienden con mayor estridencia la reelección, distorsiona seriamente los alcances, virtudes y deficiencias de la propuesta. ¿Se aprobará la reelección en México? No es posible adivinarlo. ¿Será esto deseable? Tampoco se sabe, lo que queda claro es que sus bondades no son evidentes, y que existe un riesgo real de que sus costos, superen a sus beneficios.
