La Presidencia de la República se desistió de la controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la gestión de Felipe Calderón contra la Ley General de Víctimas. Ayer ingresó el desistimiento de la Presidencia contra dicho recurso legal, como lo prometió Peña Nieto al asumir el cargo el pasado 1 de diciembre.
Hoy la Corte tendrá una posición oficial sobre la admisión a trámite de dicho recurso enviado por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.
La Ley General de Víctimas permanecía congelada desde el 19 de julio de este año, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, presentó la controversia contra el Congreso de la Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expedía la ley.
El estatuto fue elaborado con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que presentó un decálogo.
Una de las propuestas fue que el Estado asumiera la responsabilidad con las víctimas, tanto de la delincuencia organizada como la derivada de los cuerpos policiacos, a través de la creación de un fondo de apoyo, constituido de bienes decomisados, de juicios de extinción de dominio y con recursos provenientes de donaciones particulares, entre otros.
Mientras que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, hizo las últimas revisiones a través del abogado Julio Barros.
Fue así que en junio de este año, el Congreso de la Unión promulgó la ley, pero ésta fue devuelta por Felipe Calderón con observaciones.
Lo anterior causó molestia entre los legisladores, quienes argumentaron que los señalamientos se realizaron fuera de los 30 días que establece la Constitución.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de julio, con lo que la ley quedó congelada.
Fuente: Milenio.com
