La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitó al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, investigue y suspenda temporalmente a servidores públicos de su Delegación Federal en el estado de Quintana Roo, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Asimismo, pidió por separado también al Gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez, de esa misma entidad, que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial “Dragon Mart Cancún”, a fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, que la PROFEPA promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento dirigido al titular del OIC señala que un grupo de funcionarios en activo y exfuncionarios de la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Asimismo indica que un nuevo estudio recientemente realizado con la participación de por la SEMARNAT y otros organismos especializados como el INEGI, confirman que el denominado predio “El Tucán” es un terreno de vocación forestal, está reconocido como un ecosistema costero y es además una zona de refugio de aves catalogas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en condición de riesgo.
El oficio explica además que las resoluciones emitidas por la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
Fuente: Semarnat
