Las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM presentaron ante el pleno del Senado la iniciativa de reforma constitucional para dar autonomía y modernizar el funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), impulsada por el presidente electo Enrique Peña Nieto.
Con las reformas a los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 constitucionales, se pretende fortalecer al IFAI y ampliar su margen de maniobra hacia los poderes, organismos y entidades federales, además de desvincularlo orgánicamente de la administración pública.
La iniciativa establece que los comisionados del IFAI, que aumentan de cinco a siete, serán nombrados por el Ejecutivo federal para un periodo de siete años, sin posibilidad de reelección; el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, podrá objetar dichos nombramientos.
Al presentar la iniciativa en tribuna, la senadora Arely Gómez dijo que el IFAI estará obligado a presentar un informe anual ante el Senado y mencionó que los actuales comisionados continuarían en su cargo hasta concluir el mandato, incorporándose los nuevos consejeros en los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
Resaltó que con la reforma propuesta, se amplía la competencia del Instituto para resolver los recursos de revisión que, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se presenten contra actos de los Poderes de la Unión, así como los organismos autónomos y cualquier otra entidad federal.
Sin embargo, queda excluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación “al constituir en sí misma, un tribunal constitucional, responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución”.
Se crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el cual tendrá las mismas características de autonomía, especialización, imparcialidad.
Gómez refirió que los ciudadanos podrán someter a revisión del Instituto las decisiones de los organismos públicos cuando éstas no les favorezcan. Además se prevé la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte que algunas autoridades expresamente señaladas podrían iniciar, sólo en aquellos casos en que divulgar cierta información pudiera representar una amenaza directa y trascendente a la seguridad nacional.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que no basta el compromiso ético de los funcionarios con la rendición de cuentas, sino que son necesarias “reglas del juego” que garanticen el proceso de apertura de la información.
También es indispensable, menciona el texto, que los ciudadanos no sólo obtengan el derecho a acceder a la información, sino que la utilicen cada vez más para fortalecer su participación y el control del poder.
Fuente: La Crónica de Hoy
