El Presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentará ante el Congreso dos reformas profundas contra la corrupción y la opacidad en el Gobierno.
Sobre el tema de la corrupción plantea desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y crear, en su lugar, una Comisión Nacional Anticorrupción con carácter autónomo. El nuevo organismo tendrá facultades para sancionar a funcionarios corruptos e inclusive llevarlos a la cárcel.
Esta entidad, proyectada como un órgano ciudadano y colegiado, tendrá amplias facultades para investigar y castigar actos de corrupción en los tres Poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- a nivel federal, estatal y municipal.
La Comisión no sólo perseguirá y fincará responsabilidades a los servidores públicos, sino contra aquellos ciudadanos involucrados en actos de corrupción, explicó Aurelio Nuño, coordinador del tema de Educación en el equipo de transición de Peña Nieto.
Agregó que la corrupción no se puede ver como un problema exclusivo de un sólo partido político, una persona o un gobierno, pues se debe enfrentar como problema nacional.
Otras de las facultades de este órgano serán solicitar al Poder Ejecutivo el desafuero de funcionarios y ejercer la extinción de dominio.
En la iniciativa sobre combate a la corrupción también se propone que primero se discuta y apruebe, y posteriormente se emita una ley general que será aplicable en todo el territorio nacional y en los tres niveles de gobierno.
“El combate a la corrupción tiene que ser una política nacional. No pensamos que a partir de una sola acción se podrán ir reduciendo los índices de corrupción en el País. Va a depender de muchas más cosas. El Presidente electo tiene la convicción de que en la aplicación de su proyecto, la comisión será una pieza fundamental”, dijo Nuño.
“Si queremos pensar que es un tema exclusivo, no vamos a solucionar nada. Hay la convicción de que es un problema que está en todos lados. Si no se ve así, va directamente al fracaso, porque un problema nacional no se puede pensar como algo focalizado. No es así”, afirmó.
IFAI
Los cambios planteados por Peña Nieto en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) buscan darle naturaleza autónoma y constitucional a fin de tener competencia sobre los tres Poderes y niveles de Gobierno, así como los órganos autónomos.
Aunque la Suprema Corte de Justicia queda exenta dentro de las nuevas facultades del Instituto, sí serán sujetos obligados el Trife y el Consejo de la Judicatura.
La modificación prevé que el IFAI tenga la facultad de atracción de casos en poder de los organismos estatales. Además, cualquier ciudadano podrá inconformarse con las decisiones tomadas a nivel local y solicitar un recurso de revisión. Sus resoluciones serán inatacables.
La iniciativa plantea que el Legislativo emita una ley general de acceso a la información, donde se concreten los criterios que habrán de normar al IFAI y a sus pares estatales.
Los integrantes del equipo de transición consideran que existen coincidencias con los otros partidos en la necesidad de avanzar en materia de transparencia, y prevén que las primeras iniciativas del Presidente electo lograrán un amplio consenso.
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