Los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y sus gobernantes, se adelantaron a la entrada en vigor del paquete de leyes anticorrupción, cuando existía un artículo transitorio que lo impedía, aseveró el senador priista, Arturo Zamora.
Se trata dijo de una acción inconstitucional y “no podemos permitir que haya algún intento, acto o pretensión que tenga por objeto encubrir la corrupción, e incubar la impunidad”.
Zamora dijo que la solicitud del dirigente del PRI, Enrique Ochoa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acelerar el proceso de inconstitucionalidad contra los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua busca resolver una situación que pretendía encubrir o desviar la rendición de cuentas a la cual están obligados todos los servidores públicos.
Al interior del PRI ya iniciaron un proceso de valoración sobre la suspensión de derechos partidistas, lo que implica que deberán dar derecho a defensa y tener pruebas.
Indicó que el Presidente de su partido, Enrique Ochoa Reza, está se está “conformando un grupo para generar una cartera dentro del propio Comité Directivo Nacional para combatir la corrupción de los servidores públicos emanados de nuestro partido, con las mejores prácticas en el ámbito nacional e internacional y a través del cual seguramente habrá resultados”.
