El Gobierno de la República publicó el decreto de Ley General de Comunicación Social, luego de que el pasado 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto lo expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
Dicha ley tiene por objeto “establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales”.
Precisa que “son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución política dota de autonomía, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno”.
La secretaría de Gobernación será la dependencia administradora, así como la unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, serán las encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
Gobernación se encargará de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.