Al encabezar la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, “para ratificar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con la difusión y protección de los derechos fundamentales del individuo”, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, subrayó que el objetivo es “transitar del reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice en la práctica su efectivo cumplimiento”.
“Los esfuerzos que realicemos deben contribuir a transformar a México en una auténtica sociedad de derechos en la que todas las personas gocen del pleno respeto a su dignidad humana”, resaltó.
Mencionó que el Gobierno de la República trabaja con determinación en favor de los derechos humanos, y los esfuerzos realizados en año y medio de gobierno ya permiten observar importantes avances: “de manera destacada, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las dependencias del Gabinete de Seguridad se han reducido en más del 75 por ciento, especialmente las dirigidas a las Fuerzas Armadas”.
El Presidente Peña Nieto explicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 se distingue por cuatro características esenciales:
PRIMERA: Es un Programa con visión nacional, que trasciende el ámbito de la Administración Pública Federal. Este Programa involucra a los tres poderes y a los órganos autónomos, y por eso se puede considerar una auténtica política de Estado.
El Titular del Ejecutivo Federal expresó su reconocimiento a las entidades federativas que ya cuentan con un programa estatal de Derechos Humanos, e hizo una respetuosa convocatoria a las que se encuentran en ese proceso “para que alineen sus esfuerzos al Programa Nacional que hoy se presenta”.
SEGUNDA: Coloca a los derechos humanos en el centro de todas las acciones del Gobierno. Congruente con el mandato Constitucional, los derechos humanos constituyen un eje transversal que abarca a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Con ello se asegura que en sus programas y políticas públicas exista una perspectiva de promoción y protección de derechos fundamentales.
TERCERA: Promueve la articulación eficaz. Los derechos humanos son una responsabilidad de Estado compartida entre los Poderes, órdenes de Gobierno y sociedad civil. “Son una causa que nos debe unir como nación para pasar de esfuerzos aislados a una coordinación eficaz, y creo que la presencia de los representantes de los Poderes, de los órdenes de Gobierno y de la sociedad civil, acreditan que esta es una tarea que nos convoca a todos”, apuntó.
CUARTA : Cuenta con mecanismos de información y evaluación independientes. Por primera vez se establecen indicadores para medir y evaluar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Además, prevé un mecanismo que integra información actualizada, accesible, oportuna, confiable y objetiva que permita mejorar la toma de decisiones. Asimismo, el Programa adopta la metodología de indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para conocer avances y retos que hay en esta materia.
El Primer Mandatario destacó que en la definición del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 se consideraron las diversas recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de las derivadas del Segundo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Informó que a fin de lograr la eficaz implementación del Programa, a partir de este día deberán instrumentarse las siguientes medidas dentro de la Administración Pública Federal:
UNO: Se ampliará y fortalecerá el proceso de capacitación a los servidores públicos, en el marco de las nuevas disposiciones constitucionales.
DOS: Cada Secretaría deberá fortalecer sus mecanismos internos de evaluación, a fin de asegurar el alineamiento de sus programas y acciones con el Programa Nacional de Derechos Humanos.
TRES: Igualmente, cada Secretaría deberá adoptar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para prevenir violaciones a los derechos humanos en el ámbito de su competencia.
Fuente: Presidencia.gob.mx
