Cuando en febrero de este año se publicó la Política Nacional de Vivienda, que impulsa el Gobierno Federal y que busca la reorganización y la regularización de las zonas metropolitanas y rurales, con el fin de contrarrestar el crecimiento desordenado, y orientada a tener hogares dignos, con los servicios necesarios y espacio suficiente para las familias mexicanas, parecía una excesiva normatividad que frenaría la construcción de vivienda.
Los recientes acontecimientos climatológicos que afectaron a más de la mitad del país dejaron entrever que en el pasado se carecía de una política de vivienda que incluyera políticas de prevención a riesgos. Se estima que más de dos millones de viviendas se encuentran construidas en zonas de riesgo.
Con esta política de Estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), adquirió un rol preponderante, ya que se encarga de presidir la comisión intersecretarial que se creó precisamente para implementar el plan de vivienda del Gobierno Federal, con un nuevo modelo enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural, lo que no es cosa menor.
El peligro en el que vivían miles de familias se evidenció se inundaron terrenos que en el pasado sirvieron como desembocadura o vaso regulador, pero donde ahora el agua encontró viviendas a su paso.
Los ejes se ubican en la reorganización y la regularización de las zonas metropolitanas y rurales, con el fin de contrarrestar el crecimiento desordenado, además del impulso al crédito y al subsidio.
Ahora se busca establecer una política de vivienda orientada a tener hogares dignos, con los servicios necesarios y espacio suficiente para las familias mexicanas, principalmente tras el desastre generado por los recientes eventos de la naturaleza.
1. Lograr una coordinación interinstitucional.
2. Impulsar el desarrollo sustentable
3. Combatir el rezago en adquisición de inmuebles.
4. Generar mecanismos que permitan coordinar y hacer más eficiehabitacional.
Ahora se ha vuelto imprescindible contar con códigos de construcción que se anticipen a las afectaciones hidrometeorológicas y contemplen las características locales, ubicación del inmueble, el tipo de infraestructura resistente a vientos y lluvias fuertes, que son las principales características de los ciclones.
Por el momento, el Gobierno Federal trabaja bajo la instrucción de revisar los expedientes de municipios y gobiernos estatales para asegurar que cuenten con permisos de construcción en las zonas que resultaron afectadas por los ciclones “Ingrid” y “Manuel”, y en caso de no existir, comprometerse con acciones penales en contra de quienes han autorizado la creación de viviendas en zonas de riesgo.
Ahora, queda la certeza de que la gestión del riesgo, estará considerada dentro de los programas y planes de gobierno en todos los niveles, pues está claro que las catástrofes naturales tienen resultados directos en el desarrollo de las comunidades, por lo que la nueva visión del Gobierno Federal al respecto es promover el crecimiento de las infraestructuras y las actividades económicas a la par de la aprobación de las leyes y reglamentos para que sean ordenados, sustentados en el pilar de una coordinación interinstitucional a todos los niveles, una acertada decisión.
Alejandro Córdova Gutiérrez/Analista
