Rescata Gobierno de la República a 200 tarahumaras explotados en BCS

Se rescataron a más 200 indígenas tarahumaras por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los cuales laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la dependencia, informó que los indígenas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, con domicilio en Guanajuato y trasladados con engaños para trabajar en Comondú en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial.

Estas personas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario; los “enganchadores” cobraban a ocho pesos el costal de papa recolectado, a los trabajadores sólo se les pagarían cuatro pesos por cada costal.

La PGR y al SAT ya se encuentran investigando y determinaran si además de las violaciones de derechos laborales detectadas se cometieron otros delitos o si se evadieron impuestos.

El operativo de inspección, llevado a cabo dentro del operativo “México con Trabajo Digno” ordenado por el Presidente de la República, los inspectores constataron que unos 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua, además había mujeres, bebés y adolescentes de 14 años.

Por si fuera poco se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de ley.

La Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo”  solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que iniciara una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.

” Es una organización criminal de “enganchadores”, son trata de personas, explotación infantil, privación ilegal de la libertad y otros del fuero común y federal” reiteró Navarrete Prida.

Fuente: Milenio