La medida tiene amplias implicaciones para California, un estado que protege a su población indocumentada de la deportación.
En una rueda de prensa, ofrecida este martes, el procurador de la ciudad del norte de California, Dennis Herrera dijo que la orden de Trump “es inconstitucional y no estadunidense”.
“Las ciudades fuertes como San Francisco deben seguir empujando a la nación hacia adelante y recordar a Estados Unidos que somos una ciudad que lucha por lo que es correcto”, señaló, por su parte, el alcalde Ed Lee.
Los funcionarios electos en California son escépticos acerca de cuán agresivamente se pueda imponer la “vaga” orden ejecutiva de Trump contra las “ciudades santuario”, además de que la consideran como una propuesta “arriesgada” para un nuevo presidente.
Más de 400 jurisdicciones en el país, como Los Ángeles y San Francisco en California, son consideradas “ciudades santuario”, debido a sus políticas hacia la inmigración indocumentada.
No hay una definición clara sobre lo que es una “ciudad santuario”, pero, en general, las localidades que adoptan la designación buscan ofrecer apoyo político o protecciones prácticas a las personas que están en el país de manera indocumentada.
Para algunas ciudades, el movimiento del santuario consiste en alentar a las personas sin estatus legal a involucrarse más en el gobierno.
Por ejemplo, Huntington Park, en California, nunca se ha declarado una “ciudad santuario”, pero nombró a dos personas sin estatuto legal para una comisión de la ciudad, un movimiento que generó atención nacional.
Otros lugares, como San Francisco, adoptan políticas de largo alcance, como tomar medidas para cortar los lazos con funcionarios federales de inmigración y negarse a cooperar plenamente con ellos.
San Francisco se declaró una “ciudad santuario” en 1989, y los funcionarios de la ciudad fortalecieron la postura en 2013 con su ordenanza “Debido proceso para todos”.
La ley declaró que las autoridades locales no podían mantener a los inmigrantes en custodia para ser entregados a los funcionarios federales de inmigración si carecían de cargos o delitos violentos en sus registros.
La demanda de San Francisco se produce en medio de crecientes protestas por las órdenes de Trump, que incluyen un veto migratorio contra ciudadanos de siete países islámicos y planes para construir un muro fronterizo.
