De acuerdo con los organismos internacionales México es el noveno país mayor productor de petróleo en el mundo y el cuarto con los mayores depósitos de gas de esquisto, también conocido como gas de lutita o gas pizarra (en inglés: shale gas y en francés: gaz de schiste).
Sin embargo y de manera contradictoria, la producción petrolera del país ha caído 25% en la última década, llegando a 2.5 millones de barriles diarios, a pesar de que Pemex ha quintuplicado su inversión durante ese período, alcanzando US$20.000 millones anuales.
Las razones del rezago en el sector son muchas, y se puede afirmar que una de las principales ha sido el paradigma forjado al calor del arraigado y ferviente nacionalismo mexicano que si bien, en su momento, fue el estandarte necesario y más apropiado para defender los recursos petroleros del país, hoy en día las condiciones de la economía internacional han mutado, y los retos a los que se enfrenta el sector desde hace varios años deben ser superados.
El Ejecutivo Federal ha fincado un parte aguas en la historia moderna de México, al proponer un cambio a la Constitución para poner fin al monopolio del Estado sobre el gas y petróleo, que se remonta a 1938, año en que el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, expropió la industria.
Hasta el momento, cualquier intento para abrir la industria petrolera a las inversiones privadas es visto como algo polémico, sin embargo, la propuesta para modificar el marco jurídico que se propone consolidar en la materia, podría colocar a México a la par con otros productores petroleros de peso en el ámbito mundial y atrayendo las inversiones de empresas que están interesadas en el tema.
Diversas naciones emergentes, como Brasil, han tenido éxito al ofrecer distintos tipos de contratos que se adaptan a las necesidades de servicios específicos ¿qué es lo que se busca?, crear acuerdos que le permitan al Estado mexicano compartir la producción petrolera así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, siempre bajo la rectoría del Estado.
Bajo un nuevo enfoque, el Gobierno mexicano está enriqueciendo la propuesta de la Reforma Energética, con la posibilidad de utilizar contratos diferentes según el caso:
I. Contratos de ganancias compartidas, en los que toda la producción va al Estado, su utilidad radica en campos petroleros de bajo riesgo.
II. Contratos de producción compartida en que la producción se reparte entre el Estado y la empresa privada, acordes para usarse en campos más riesgosos.
III. Contrato de licencia para los campos en aguas ultra profundas y gas esquisto, permitiendo desarrollar un campo hasta ahora desconocido para México ante la falta de desarrollo de tecnología.
Si la Reforma Energética es aprobada en los términos antes señalados, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos, a un mercado petrolero basado en la competencia, que indudablemente se ve reflejada en la competitividad, pues una mayor oferta de servicios aumenta la calidad de éstos ante la competencia.
Así las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un equitativo y justo contrato con el Estado mexicano. Esto también aplicaría a Pemex, que seguiría siendo el importante jugador estatal con derechos preferentes para presentar ofertas por bloques Petroleros. La propuesta es factible, considerable y fiable.
José Andrés Ramos Hinojosa/Analista económico
